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El nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, expuso su tesis sobre el manejo de la entidad intervenida.
El nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, aseveró que el negocio detrás del insolvente e intervenido Ueno Bank no era financiero, sino enfocado en la captación de la base de datos de la población.
“Su negocio no es bancario, es capturar millones de datos biométricos de las personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios (…) Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos“, dijo ante el pleno de la Cámara de Senadores, celebrado el 9 de noviembre.
El nuevo funcionario, cuya designación fue aprobada la víspera por el Senado, aseguró que había advertido mucho antes el manejo opaco de la entidad bancaria y afeó que el Gobierno no contara con asesores de primer nivel que impidieran que se pusieran fondos públicos en las arcas de un banco insolvente.
Del mismo modo, consideró indignante que el banco exigiera los datos biométricos de la población para hacer transacciones en importantes eventos, cuando la moneda local es la que tiene que transarse para ese tipo de operaciones: “Yo no le voy a dar mi cara a esta gente”, apuntó.
“Señores, el concepto de riesgo es mucho más complejo de lo que nosotros imaginamos, esto es mucho más grave y complejo de lo que nos podemos imaginar. Requiere mucho talento, de gente que conozca informática, datos y trasciende el Banco Central: esto tiene que ir al Gobierno”, remarcó.
La víspera, un grupo de legisladores opositores interpuso una denuncia ante la Fiscalía por la sospecha de que una cúpula privilegiada de autoridades en Paraguay supo del inminente colapso de la entidad bancaria y retiró sus fondos antes de la intervención del BCP. En ese mismo recurso, piden que se esclarezca cuál es la cadena de custodia para el tratamiento de los datos personales y biométricos captados por el entramado empresarial de Ueno Bank.
- El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado por la Fiscalía General de Paraguay por lesión de confianza y administración en derecho propio en el marco del caso Ueno Bank, que llevó a su destitución y posterior arresto. Los fiscales además solicitaron prisión preventiva en contra de él y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
- La crisis comenzó cuando el Banco Central inició un ‘procedimiento de resolución’ de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes afectados. Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial que controlaba el banco, el nombramiento de Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados.
- Los denunciantes sostienen que las autoridades del BCP conocían desde abril de 2026 los problemas de Ueno Bank, pero no adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis. La investigación también examina las colocaciones de fondos de otras instituciones estatales, mientras miles de ahorristas reclaman recuperar su dinero. Peña ha rechazado las acusaciones de irregularidades.
La iniciativa, presentada formalmente por el congresista republicano Thomas Massie, imputaba al secretario de Guerra ocho cargos graves por “actuar contra la confianza depositada en él” y representar “una amenaza para la Constitución”.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha rechazado este martes abrir un juicio político (‘impeachment’) contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. La dirección republicana logró bloquear la iniciativa en una votación procedimental, archivando la resolución para evitar que el pleno votara directamente sobre su destitución.
En una votación de 211 a 204, la Cámara votó a favor de remitir la resolución a comisión, una medida que pone fin a los esfuerzos para destituir a Hegseth, luego de la derrota republicana en las elecciones de medio término.
La iniciativa, presentada formalmente este lunes por el congresista republicano Thomas Massie, imputaba a Hegseth a ocho cargos graves. Massie defendió la resolución en el pleno, asegurando que el secretario de Guerra “actuó de una manera contraria a la confianza depositada en él” y que “seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo”.
Entre las acusaciones aprobadas destacan:
- Guerra no autorizada: haber lanzado y mantenido una campaña militar contra Irán sin el aval del Congreso, violando los límites de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
- Operaciones ilegales: realizar misiones militares no autorizadas en Yemen y ejecutar “asesinatos extrajudiciales” en operaciones contra supuestos narcotraficantes.
- El caso Maduro: el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
- Abuso de poder: ignorar las leyes destinadas a minimizar bajas civiles y tomar represalias contra el senador Mark Kelly por sus declaraciones públicas.
Si bien los republicanos se han mostrado frustrados con la gestión de Hegseth en la guerra contra Irán, muchos no consideraron que su conducta justificara un juicio político. Massie fue el único republicano que votó en contra de frenar el proceso, junto con todos los demócratas.
El proceso se concreta tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de la Cámara para la próxima legislatura que arranca en enero. Aunque Massie presentó los cargos originalmente en septiembre, la votación se aplazó hasta después de los comicios.
El líder demócrata, Hakeem Jeffries, ya había anticipado que buscarían la salida de Hegseth una vez asumieran la mayoría. Por su parte, el presidente Donald Trump respaldó públicamente al secretario el pasado 4 de noviembre, asegurando que “está haciendo un muy buen trabajo” y desmintiendo los rumores sobre su destitución.
Medio original: RT en Español
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