Derivado de los allanamientos liderados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), a cargo de Rafael Curruchiche, el presidente Bernardo Arévalo, cámaras empresariales, así como diputados al Congreso de la República y organizaciones de derechos humanos, mostraron su respaldo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la investigación el caso B410 sobre defraudación fiscal.
Al mismo tiempo, la firma de auditores Moore Díaz Reyes, propiedad de los hermanos del titular de la SAT, Marco Livio Díaz, calificó las acciones de la FECI como infundadas, a la vez que afirmaron que son sellados en un clima de “terrorismo judicial” y persecución sin justificación.
Los pronunciamientos se dan luego que la FECI realizó un allanamiento en la firma de auditores Moore Díaz Reyes, por una denuncia recibida hace cuatro meses por supuestas irregularidades en la empresa, ya que habría gestionado descuentos en deudas tributarias a varias empresas vinculadas al caso de B410, según Curruchiche.
“Quiero aclararle al pueblo de Guatemala que esta investigación es distinta al caso B-410. El superintendente no está siendo investigado, ni hay orden de captura en su contra”, sostuvo el jefe de la FECI, a la vez, que sostuvo que el caso B410 está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Pese a que aseguró que el jefe de la SAT no está vinculado, posteriormente contradijo sus declaraciones asegurando que están “recopilando indicios para determinar si hay o no una vinculación. De encontrarse elementos, procederemos conforme a la ley”.
ARÉVALO: GUATEMALA MERECE JUSTICIA
Sobre el tema, el presidente Arévalo señaló que “Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT”.
A su vez, sostuvo que Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncia valientemente la corrupción, y no al revés, por lo que aseguró que este “sinsentido” debe detenerse, ya que todo el país pierde ante un sistema “coartado y ciego ante la corrupción”.
PÉREZ: MP EN DESESPERACIÓN
De la misma manera, el diputado electo por el Movimiento Semilla, Samuel Pérez, remarcó que el MP se encuentra en una situación de desesperación, a la vez que improvisa acciones ilegales y con ánimo de persecución.
“El caso del Superintendente, Marco Livio Díaz, me parece icónico porque él lo que hizo fue revelar la red de defraudación más grande de la historia de Guatemala y el MP en lugar de investigar el caso lo va a perseguir a él. Lo que evidencia es que garantiza impunidad para quienes han cometido actos de corrupción y persiguen a quienes lo denuncian”, afirmó.
También, resaltó que al Congreso le toca aprobar una reforma a la Ley Orgánica del MP, por lo cual como bancada han buscado acuerdos con otros bloques legislativos para contar con una mayoría suficiente que les permita avanzar con los cambios a la normativa.
Al mismo tiempo, recalcó que no pueden imponer una agenda pero buscan los consensos el tiempo que sea necesario para poder aprobar las reformas lo antes posible, mientras que el Ejecutivo tiene sus estrategias y mecanismos.
Además, sostuvo que las acciones de la Fiscalía no son acciones de desestabilización contra el Congreso, sino que contra la sociedad guatemalteca, ya que perseguir a un Superintendente que hace su trabajo y denuncia una red de defraudación pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
“Después se le va a ocurrir ir en contra del presidente del Banco de Guatemala, tras los presidentes de las Cámaras, es decir el MP si está tratando de quebrar la economía de Guatemala y meter zozobra a la sociedad guatemalteca”, concretó.
CHIC: MP INSTRUMENTALIZA DERECHO PENAL
Asimismo, el diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, José Chic, señaló que el ente investigador ha instrumentalizado el derecho penal para la persecución selectiva, así como la protección de la corrupción, ya que sostiene que la Fiscalía no ha realizado una sola acción sobre las denuncias en el caso B410 y el caso Eureka.
“Cómo es posible que ahora el denunciante, termina siendo perseguido, criminalizado y a los que han denunciado por ser una estructura no solo de defraudación tributaria sin de corrupción, pareciera ser que van a salir premiados, no solo con el pago de deudas, sino que también de impunidad ”, aseguró.
Chic sostuvo que este tipo de situación no puede continuar pasando en el país que se dice ser “democrático”, puesto a que no se puede seguir utilizando y uso del derecho penal, por lo que espera que las diligencias vayan en función de las personas que le han robado oportunidades a la población.
GUTIÉRREZ SEÑALA AMEDRENTAMIENTO
La diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, subrayó que se ha intensificado el amedrentamiento al Estado de derecho y la democracia, que durante meses la ciudadanía defendió.
“Y hemos visto otra vez el actuar de un MP que se sigue aferrando a los intereses de ciertos sectores que no permiten de alguna manera que salgamos de esa captura al sistema de justicia. Hemos visto en los últimos días acciones ilegales, allanamientos, resoluciones, comunicaciones ” afirmó.
A su vez, destacó que los actos de allanamiento, lo cual repudió puesto a que va en contra de la legalidad y el Estado de derecho.
También, sostuvo que el MP tiene un rechazo debido a que no está cumpliendo con su mandato legal de hacer una persecución penal objetiva e imparcial y está alejado de ello, ya que es selectivo contra quienes contradicen las resoluciones del MP.
“Hace una persecución para aquellos que de alguna manera están involucrados en actos a la defensa de la democracia, pero no actúa de la misma manera, el peso de la balanza del actuar del MP, protegiendo impunidad para ciertos sectores”, recalcó.
Además, calificó como un amedrentamiento las acciones contra el jefe de la SAT tras destapar un caso de corrupción de evasión de impuestos, por lo que recalcó que es obvio que se debe de dar un alto a la Fiscal General, Consuelo Porras.
“Aquí en el Congreso saben que hay tres iniciativas de ley, una presentada por nosotros como Winaq para la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, el presidente Arévalo, también vino a dejar una (iniciativa) al Congreso, hace dos días el diputado Samuel Pérez presenta otra donde se derogue el artículo 14, o sea hay acciones que ya los diputados acá hemos hecho de manifiesto, pero no avanza porque hay bancadas y diputados que se siente también arropaje de la impunidad y no quieren mover a la Fiscal General”, concretó.
CGC SE PRONUNCIA
De la misma manera, la Cámara de Comercio de Guatemala (CGC) recordó que el pasado 14 de agosto, reconoció los esfuerzos que la SAT está realizando en contra de la corrupción y defraudación tributaria, particularmente en el caso B410.
“Una vez más, requerimos a las autoridades competentes, que en forma efectiva se realice las investigaciones pertinentes y se dicten medidas ejemplares en contra las empresas y autores intelectuales que resulten responsables tras el debido proceso”, señaló.
Sobre las investigación contra funcionarios de la SAT, recalcó que deben contar con pruebas fehacientes, las cuales deben enmarcarse en principios de objetividad e imparcialidad.
CNC: ACCIONES DE MP NO PUEDEN CONTINUAR
Bajo esta misma línea, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) puntualizó que en 2021 solicitó la renuncia de Porras por su falta de idoneidad en el cargo y sus recurrentes violaciones a la Constitución y al Estado de derecho.
“Guatemala ha atravesado un proceso difícil de consolidación de la institucionalidad, que hoy es amenazada por un intento de intimidación del MP contra el Superintendente de Administración Tributaria y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el cumplimiento de sus funciones”, sostuvo.
Por ello, remarcó que el actuar del ente investigador busca garantizar impunidad para grupos que viven de la corrupción a gran escala, incluso si ello implica pisotear el Estado de Derecho, derechos políticos de los guatemaltecos, y la Constitución, por lo que apuntó que el abuso de la acción penal por parte del MP, que debilita la institucionalidad y defiende la impunidad, no puede continuar.
En esta misma línea, señaló que la incertidumbre y la falta de un Estado de derecho sólido son factores que desincentivan la inversión, impactan negativamente el clima de negocios y frenan el desarrollo económico.
De esta cuenta, instaron a la comunidad empresarial a alzar su voz contra las prácticas de la Fiscalía que socavan la justicia y la democracia del país, puesto a que la defensa de un sistema judicial imparcial y transparente es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad guatemalteca.
CAMEX RESPALDA TRABAJO DE SAT
Al respecto, la Cámara de Comercio e industria Guatemalteco Mexicana (Camex) manifestó su respaldo a las acciones que promueven el combate a la corrupción y la defraudación fiscal en el marco legal.
“El combate a la corrupción, incluyendo la defraudación fiscal, debe ser una prioridad ineludible para la construcción de un futuro más próspero”, sostuvo.
Agregó que la “defraudación fiscal priva a la sociedad de los recursos necesarios para el desarrollo y la inversión, tanto social como económica, que permita mejorar la calidad de la vida de las personas”.
También, reconoció y valoró positivamente los esfuerzos que realiza la SAT para combatir estructuras de defraudación fiscal que limitan el desarrollo de los guatemaltecos como parte de sus funciones y en el marco de la ley.
“Reafirmamos que toda investigación de funcionarios públicos debe hacerse en el marco de legalidad, respetando los principios fundamentales del debido proceso y presunción de inocencia, y presentado pruebas fehacientes de los hechos imputados”, concluyó.
CONVERGENCIA POR DDHH RESPALDA A DÍAZ REYES
En relación a los allanamientos del MP, Convergencia por las Derechos Humanos se solidarizó con Marco Livio Díaz Reyes, al cumplir con su obligación de denunciar la defraudación tributarias, ya que actualmente es objeto de criminalización, junto con su familia, como “represalia” por parte del ente investigador.
También denunció las acciones del ente investigador, lo cual sostuvieron que evidencia que Porras defiende y favorece a redes económicas políticas que han saqueado al Estado, incluyendo una empresa vinculada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
“Enfatizamos que las acciones del MP constituyen un contraataque a los esfuerzos anticorrupción emprendidos por el gobierno de Bernardo Arévalo, las cuales representan una amenaza para las alianzas de actores corruptos y criminales, quienes probablemente no cesarán en sus intentos de socavar la democracia y defenestrar al actual gobierno con el fin de restaurar el régimen de corrupción e impunidad que tanto daño ha causado a la sociedad guatemalteca”, expresó.
Fuente: lahora.gt
