Asociación pide expulsar a Consuelo Porras de la AIAMP por socavar la democracia y violar derechos humanos

Porras está vetada de 42 países del mundo. EE. UU. la sancionó en 2021, cuando la incluyó en la Lista Engel de «Actores Corruptos y Antidemocráticos» por «obstruir y menoscabar en forma reiterada investigaciones contra la corrupción». Sumó 41 restricciones más luego de que emprendiera un intento de golpe de Estado, según la comunidad internacional y organizaciones, para que el ahora presidente Bernardo Arévalo no asumiera el poder en enero pasado.

El pedido fue realizado por el abogado argentino César Raúl Sivo, vicepresidente segundo de la asociación de profesionales del derecho antes mencionada, el pasado 23 de abril del presente año. La acción, según el documento al que tuvo acceso La Hora, busca marcar un precedente sobre la «cero tolerancia a las actuaciones que atentan contra los derechos humanos y ponen en riesgo el estado democrático».

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PIDEN EXPULSIÓN DE PORRAS

Porras fue elegida como fiscal general por el expresidente Jimmy Morales y reelegida al frente del ente investigador para un segundo periodo por el sancionado exmandatario Alejandro Giammattei. La fiscal general mantiene en la mira el gobierno de Arévalo, mientras que ha mantenido dormidos casos en el MP que apuntan a exfuncionarios de los últimos dos gobiernos y empresas vinculadas a Miguel Martínez, pareja de Giammattei y vetado de EE. UU.

Según el documento, desde que Morales no renovó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, Guatemala ha «sufrido un acelerado deterioro en materia de derechos humanos, Estado de derecho y Democracia». En ese momento el grupo de trabajadores había acusado al mandatario y a varios de sus familiares por prácticas ilícitas.

Asimismo, la Asociación recordó que en 2021 y 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colocó al país centroamericano en el capítulo IV.B de su informe anual, debido a los retrocesos en materia de lucha contra la corrupción e impunidad. También mencionó una persecución política en contra de abogados que trabajaron con CICIG, como la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y jueces de Mayor Riesgo, así como periodistas, juristas y defensores de derechos humanos.

«Desde su nombramiento, Porras ha frenado la lucha contra la corrupción y ha protegido a funcionarios del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales acusados de corrupción», destacaron en los antecedentes.

La Asociación señala a Porras de «manipular las investigaciones realizadas por CICIG y FECI (dirida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval) para favorecer indebidamente a los responsables de actos de gran corrupción que defraudaron millones de quetzales del erario público».

De esa cuenta, atribuyen que distintos funcionarios públicos han sido librados de enfrentar la justicia, entre ellos: la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling; el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; el exdiputado y excandidato presidencial, Manuel Baldizón; la ex primera dama y ex candidata presidencial, Sandra Torres. «Además, ha impedido la investigación de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, por graves actos de corrupción», mencionaron.

Además, Porras ha utilizado el Ministerio Público para tomar represalias en contra de fiscales y jueces que investigaron y procesaron los casos de corrupción del período de la CICIG, con el objetivo de obstruir la acción penal y generar impunidad, según la petición

En ese marco, subrayan que 10 exfiscales anticorrupción de FECI y exfuncionarios de la CICIG han sido detenidos arbitrariamente con base en acusaciones falsas e infundadas®; y más de 30 operadores de justicia, como la exfiscal general Thelma Aldana; el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra, fiscal de esa unidad.

BUSCAN MARCAR PRECEDENTE

«Es importante que la ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIO PÚBLICOS expulse a Consuelo Porras para enviar un claro mensaje a Guatemala y a los países IBEROAMERICANOS, de que no tolerará actuaciones que atentan contra los derechos humanos y ponen en riesgo el Estado de derecho y la estabilidad democrática», resaltó la petición.

Además, aseguraron que la sanción también «servirá para reforzar las sanciones impuestas por más 30 Estados a Consuelo Porras y su equipo, para mostrar que la comunidad internacional actúa de forma coordinada cuando se trata de defender los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos».

También enfatizaron que uno de los objetivos fundamentales de la sanción contra Consuelo Porras es frenar los actos de persecución política en contra de operadores de justicia honestos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, y opositores políticos.

«Así como, la persecución política contra el partido Movimiento Semilla y la reciente detención arbitraria de fiscales y jueces, que muestran la necesidad de detener la continuidad de acciones que solo buscan socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala», hicieron hincapié.

Con esta sanción, el documento refiere que la Asociación también mostrará su respaldo al pueblo de Guatemala que «valientemente salió a votar el 25 de junio y el 20 de agosto del año 2023, con la esperanza de un cambio en el país, pero ahora ven que su voto está en riesgo debido a las acciones arbitrarias de la fiscal general Consuelo Porras, que sigue en la lucha contra el actual gobierno».