El Ministerio Público (MP) y las Elecciones Generales 2023: ¿Nulidad o Subjetividad?
En un reciente comunicado, las autoridades indígenas expresaron su firme rechazo a la postura del Ministerio Público (MP) respecto a las elecciones generales de 2023, alegando que estas son “nulas de pleno derecho” basándose únicamente en “conclusiones subjetivas”. ¿Qué hay detrás de esta controversia? Analicemos a fondo los eventos que desencadenaron este pronunciamiento.
La Declaración de las Autoridades Indígenas
El pasado sábado 9 de diciembre, la Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Nebaj, Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew y la Autoridad Ancestral Garífuna unieron fuerzas para firmar una nota que denunciaba las acciones del Ministerio Público. En este documento, expresaron su rechazo a la supuesta intención de anular su decisión como pueblo que participó activamente en la primera y segunda vuelta de los comicios.
Enfáticamente, se destacó que el MP fundamenta su afirmación de nulidad en “supuestas pruebas”, sosteniendo la anulación de las votaciones únicamente en “conclusiones subjetivas”. Este punto ha desatado una serie de reacciones y tensiones que deben ser consideradas desde diversas perspectivas.
La Petición a la Corte de Constitucionalidad
Ante este escenario, las autoridades indígenas exigieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) emitir una resolución que garantice la validez del proceso electoral. Sostienen que dicha resolución sería crucial para evitar lo que consideran un “golpe de Estado” perpetrado por el Ministerio Público, alegando violaciones al principio de legalidad penal y las garantías judiciales.
En su llamado a la CC, las autoridades subrayaron la importancia de detener una situación que, a su juicio, amenaza con consolidar un golpe de Estado. Este evento, según argumentan, podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad y democracia del país.
La Resistencia: Un Llamado a la Acción Ciudadana
Dentro del comunicado, las autoridades indígenas hicieron un llamado a todos los guatemaltecos para que ejerzan su derecho contenido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo establece la legitimidad de la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.
En un tono urgente, se instó a la población a evitar “heredar una dictadura a nuestros hijos e hijas”. La resistencia se presenta como un acto necesario para que las generaciones futuras no recuerden a sus antecesores como personas que no supieron defender con dignidad su propio futuro.
Un Llamado a la Solidaridad
Dirigiéndose a los miembros de las organizaciones que mantienen una resistencia desde el pasado 2 de octubre, se les pidió fortalecer su manifestación. Además, se hizo un llamado abierto para que otros ciudadanos se sumen a estas medidas de resistencia. La solidaridad se plantea como un elemento crucial para enfrentar lo que las autoridades indígenas consideran un intento de golpe de Estado.
Conclusiones Finales
En resumen, el comunicado de las autoridades indígenas revela una profunda preocupación por la situación política actual, enfocándose en la postura del Ministerio Público respecto a las elecciones generales de 2023. El llamado a la acción, la solicitud a la Corte de Constitucionalidad y la denuncia de lo que consideran un “golpe de Estado” son elementos clave en este conflicto.
La resistencia ciudadana se presenta como un derecho legítimo, según lo establecido en la Constitución, y como una herramienta para salvaguardar la democracia del país. El desenlace de esta situación dependerá, en gran medida, de las decisiones de las instancias judiciales y del respaldo que reciba la resistencia por parte de la sociedad guatemalteca.
Fuente: La Hora
