El Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, no responde si la pareja del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, es investigada derivado de investigaciones de prensa que este diario dio a conocer y que lo apuntan de tener vínculos con empresas que habrían evadido impuestos en un caso presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Se trata del caso denominado B410, un entramado de defraudación al fisco que develó la entidad recaudadora semanas atrás en rueda de prensa y que se consolidó como el más grande caso de evasión de impuestos en el país.
Martínez y Giammattei fueron sancionados por el Departamento del Tesoro y de Estado de EE. UU., respectivamente, por presuntamente incurrir en actos de corrupción en la administración pasada. Washington asegura tener pruebas de que recibieron sobornos y otorgar contratos a empresas específicas.
SAT LAMENTA INACCIÓN DEL MP
El pasado 2 de septiembre, el superintendente Marco Livio Díaz se pronunció por las pocas acciones que el MP ha emprendido en el caso. Fue la SAT quien entregó una denuncia en la Contraloría General de Cuentas, Organismo Judicial y el ente investigador de la millonaria evasión.
«Yo tengo que decir que lamento profundamente que no se hayan girado las órdenes de captura contra esos empresarios que se apropiaron del IVA y defraudaron al Estado de Guatemala», manifestó Díaz en rueda de prensa días atrás.
Además, el Superintendente subrayó «no podemos construir un país así, no podemos permitir que una empresa tome los impuestos de los guatemaltecos, se apropie de ellos».
MP SE LAVA LAS MANOS
La Hora preguntó al área de Comunicación Social del MP si investiga a Martínez y entre líneas indicaron que no.
“Lo que se investiga de momento son las empresas que identificó la SAT, en la información proporcionada no aparece el nombre de dicha persona”, refirió el ente investigador de Porras señalado de proteger a Martínez y Giammattei.
En tanto, sobre la postura del ente persecutor y a qué se debe el que no existan órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de defraudar al Estado por 300 millones de quetzales del 2021 al 2023, respondió:
“Conforme avance la investigación, se tomarán las acciones que correspondan. Además, ampliar de la investigación al año 2024, en virtud que empresas del grupo B410, aún están activas y le facturan a distintas entidades del Gobierno”, justificó el MP.
MARTÍNEZ COMO VÍNCULO
Dentro de la denuncia de la SAT resalta Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A., entidad vinculada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei.
En julio de 2022, los socios de la firma, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva —padre e hijo—, fueron incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalados de ser actores corruptos o antidemocráticos.
Posteriormente, La Hora publicó una nota en la cual menciona que, la sanción a los señores López obedeció, en parte, a la relación que estos tenían con el exjefe del Centro de Gobierno.
Cuando los López fueron sancionados, el Departamento de Estado los acusó de incurrir en una “importante corrupción, al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno”.
Y en efecto, Aspetro se convirtió en una de las constructoras favoritas durante 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con información registrada en el portal Guatecompras. En esos años recibió contratos por Q1 mil 755 millones. Durante todo el gobierno de Giammattei fueron Q2 mil 14 millones.
Otras publicaciones periodísticas también relacionan a Aspetro con Martínez, el extinto medio elPeriódico publicó, en marzo de 2022, que un “constructor allegado al presidente Giammattei y a Miguel Martínez” obtuvo contratos por Q196 millones, en referencia a López Oliva.
La nota de prensa cita que, “extraoficialmente se menciona que López Oliva forma parte del grupo de constructores que habrían facilitado al gobernante la vivienda en la que habita desde finales de 2019, una amplia residencia ubicada en la colonia Vista Hermosa I de la zona 15 capitalina”.
CASO B410
El caso fue bautizado por la entidad como «B410»: por la red de 410 empresas fantasma, ubicadas en la colonia Banvi de la zona 7 capitalina, que pagó en impuestos Q26.9 millones de los más de Q5 mil 730 millones que facturó en los tres años.
La SAT reveló el nombre de nueve empresas que obtuvieron contratos con el Estado y detalló con cuáles municipalidades consiguió las adjudicaciones.
Además, una investigación de La Hora dio a conocer el nombre de otras 21 entidades y personas naturales que apuntan a tener relación con Martínez, el exdirector del Centro de Gobierno, una dependencia que creó Giammattei y en donde delegó a su pareja durante su gobierno.
SALA NIEGA AMPARO PROVISIONAL A EMPRESAS
Asimismo, el pasado 4 de septiembre, la SAT informó que en seguimiento a la denuncia penal denominada Caso B410 fueron notificados por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera que no se otorgó amparo provisional a empresas de esta estructura que pretendían evitar la suspensión temporal del IVA sin pagar los impuestos correspondientes.
«Reiteramos que las empresas vinculadas han sido inhabilitadas, con el debido fundamento legal, de manera temporal de la afiliación al régimen del IVA; por lo que tanto las instancias del sector justicia como la SAT, continúan sus esfuerzos para prevenir la defraudación tributaria y promover la competencia leal, garantizando la correcta recaudación para el desarrollo sostenible de Guatemala», afirmaron.
