El Ministerio Público (MP) informó a La Hora que la exministra de Salud, Amelia Flores, es la única persona sujeta a investigación en el caso que, según diversos señalamientos, apuntan al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez. Se trata de la investigación por la compra de ocho millones de dosis de vacunas Sputnik-V contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, un contrato que habría dejado una serie de «pagos irregulares» en manos de Martínez, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Para el 30 de marzo de 2021, la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, desginada por Giammattei, anunció la «opaca” negociación con el Fondo de Inversión Directo de Rusia (RDIF, en inglés) y el pago se hizo a la empresa Human Vaccine LLC por la compra de ocho millones de vacunas para combatir el coronavirus. El costo fue de Q614.5 millones, se pagó por adelantado.
El contrato fue guardado con recelo por las autoridades del gobierno de Giammattei y pese a la insistencia de la prensa por conocer los detalles del mismo no se les dio acceso. Sin embargo, Flores indicó que el convenio tenía una segunda entrega de igual número por otros Q614.5 millones, pero esta no se hizo efectiva ante los meses de retrasos que presentó la empresa para entregar la dotación de inmunizantes a Guatemala.
UN ENTRAMADO MILLONARIO
Con el pasar de los meses, contagios masivos de coronavirus y vacunas sin ser entregadas, las dudas incrementaron y para julio de ese mismo año La Hora reportó que Giammattei y el entonces ministro de Relaciones Exteriores (Minex), Pedro Brolo, habían estado detrás de los intereses que el ministerio de Salud (MSPAS) pactó.
Según el reportaje, ambos fueron quienes recomendaron a la exministra de Salud firmar el convenio con el RDIF. Por su parte, la entonces administración de Giammattei lo negó, pero Flores aseguró que el Minex fue quien tuvo el primer acercamiento.
“El contrato yo lo recibí del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea que, fue reenviado desde esa parte. Yo no lo recibí directamente del Fondo Ruso”, dijo la exfuncionaria a La Hora.
A la fecha, la Fiscalía contra la Corrupción, según el MP, cuenta con una investigación relacionada con la adquisición de vacunas, pero que no presenta avances, como otra decena de casos vinculados al Gobierno de Giammattei.
Gilberto de Jesús Porres, esposo de la Fiscal General, María Consuelo Porras, trabaja en esa Fiscalía. Ambos están sancionados por el Departamento de Estado de EE. UU., que los incluyó en la Lista Engel como supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
Según el ente investigador, en noviembre pasado se celebraría una audiencia dentro del caso para solicitar diligencias. «¿Se realizó dicha audiencia y de ser así qué se solicitó al juez? ¿bajo qué expediente del MP y del Organismo Judicial se tramita el caso?», ninguna de las interrogantes fue contestada por Juan Luis Pantaleón, jefe de Prensa del MP.
Entre la poca información que el MP refirió sobre el caso, indicó que el Juzgado Cuarto es quien tiene a cargo el expediente, más no contestó qué juez conoce las actuaciones.
“En el expediente figura únicamente la exministra”, refirió Pantaleón sobre las personas sujetas a la investigación de la compra millonaria.
MARTÍNEZ COMO OPERADOR
A finales de 2023, en medio de la arremetida del MP en contra de Bernardo Arévalo para que no asumiera como presidente de la República el pasado 14 de enero, Martínez fue sancionado por el Departamento del Tesoro del país norteamericano. Las restricciones habían alcanzado al más cercano al entonces mandatario.
De acuerdo con dicha Oficina, la pareja del expresidente fue sancionado «por su papel en actos de corrupción en Guatemala, donde participó en maniobras de soborno generalizadas, incluidas algunas relacionadas con contratos gubernamentales».
Bajo la Ley Magnistky el gobierno estadounidense señaló que «en 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala». Las consecuencias para Martínez fueron el congelamiento de activos en ese país y la prohibición de entrada.
Sobre lo anterior, este Diario preguntó a la Fiscalía si el MP investiga a Martínez, y de igual forma a Giammattei y el excanciller Brolo, pero sostuvo como respuesta que no.
«Respecto a la sanción de OFAC, no se ha recibido ninguna información de dicho ente o del gobierno de los Estados Unidos, ni se han presentado denuncias relacionadas a dicho tema al momento», dijo el MP al respecto de Martínez.
La más reciente sanción fue a Giammattei por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”, según un comunicado del Departamento de Estado, quienes sostienen tener “información fidedigna” que señala al exmandatario de “aceptar sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”.
Esta no es la primera vez que La Hora preguntaba sobre Martínez y las vacunas, pues el 6 de diciembre se publicó otro trabajo titulado como: «Pese a vinculación de EE. UU. para el MP Miguel Martínez no figura en caso Sputnik V», en el que se mencionó el tema.
LA «AMIGA» DE GIAMMATTEI
El exmandatario Giammattei en 2020 se refirió a Porras como «su amiga» e incluso salió a defenderla cuando fue sancionada por primera vez por el Departamento de Estado bajo señalamientos de «socavar procesos de corrupción».
Las investigaciones en contra de Giammattei no han presentado avances y el ente investigador se limita a informar ante los cuestionamientos. En octubre pasado, el MP cerró el caso que de forma popular se denomina «Alfombra Mágica», en el cual estaría involucrado Giammattei por presuntamente haber recibido una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra, a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
La nota titulada «Si no hay carta ¿por qué el MP no investiga la compra de las vacunas rusas?» publicada por La Hora, pone en contraste la existencia de un documento con el que el Presidente habría condicionado a la Fiscal General para reelegirse, según se reportó en la investigación periodística “¿Firmó Porras una carta de renuncia antes de reelegirse? Presidencia y MP dicen que no».
Fuente: lahora.gt
