La República de Guatemala se encuentra inmersa en una crisis política e institucional que ha capturado la atención internacional desde el inicio del proceso electoral. La controversia se intensificó después de la primera ronda de las elecciones generales de 2023, despertando preocupaciones sobre la estabilidad del orden constitucional en el país centroamericano.
El Rol del Ministerio Público y la Sospecha de Intentos de Reversión Electoral
El Ministerio Público (MP), respaldado por otros órganos del Estado, ha levantado sospechas al expresar su intención de revertir los resultados de las elecciones generales de junio y agosto de 2023. Estos comicios llevaron al binomio del Movimiento Semilla, compuesto por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a la presidencia y vicepresidencia respectivamente.
Desde la confirmación de su paso a la segunda ronda, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha desplegado esfuerzos para obstaculizar la asunción de Arévalo y Herrera el 14 de enero de 2024, según análisis de expertos.
Acusaciones Iniciales sobre Firmas Falsas y Sus Ramificaciones
Inicialmente, las acusaciones contra el Movimiento Semilla sugirieron vínculos con el uso de firmas falsas durante la inscripción del partido político. El MP enmarcó el caso bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada, buscando la suspensión temporal de la personería jurídica de Semilla. Este intento tenía como objetivo excluir al partido de la segunda vuelta electoral, generando una situación legal incierta.
La controversia se resolvió con una decisión constitucional que confirmó la celebración de la segunda vuelta con los candidatos certificados por el Tribunal Supremo Electoral: Arévalo de Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Arévalo resultó elegido como presidente.
Embestida del Ministerio Público y la Reacción Ciudadana
Ante el fracaso de estas acciones, el MP inició una embestida contra el proceso electoral. Actos como el secuestro ilegal de las actas electorales originales de la primera ronda de votaciones generaron una indignación generalizada. Ciudadanos demandaron la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras, y otros funcionarios de la Fiscalía y el Organismo Judicial.
La ciudadanía observó con estupor cómo fiscales, con rostros cubiertos y llegando en vehículos sin identificación, confiscaban cajas electorales en la madrugada del 30 de septiembre. Estas acciones, tildadas de ilegales por expertos, generaron desconfianza hacia el MP y su capacidad para conducir investigaciones imparciales.
Investigaciones y Resultados Controvertidos
El MP anunció avances en la investigación el 8 de diciembre, pero la credibilidad de los resultados ha sido cuestionada por la ciudadanía. Simultáneamente, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación abrió una pesquisa sobre la toma de la Universidad de San Carlos, buscando retirar el antejuicio contra Arévalo y Herrera.
La presentación de los hallazgos de la FECI la semana pasada intensificó las preocupaciones. Rafael Curruchiche, titular de la unidad de investigación, rechazó las expresiones de preocupación de la comunidad internacional, calificándolas de “abusivas”. El MP, representado por Ángel Pineda, afirmó que se someterá a las cortes nacionales, rechazando intervenciones de instancias multilaterales.
Respuestas Internacionales y la Postura del Gobierno
El presidente Alejandro Giammattei emitió un comunicado el 12 de diciembre, cuestionando las acciones internacionales y defendiendo la independencia y soberanía del país. Sin embargo, críticos como Luis Felipe Polo y Francisco Villagrán argumentan que los pronunciamientos internacionales no constituyen injerencia, sino una defensa de los derechos humanos.
Polo destaca que la Carta de las Naciones Unidas ampara las acciones dirigidas a proteger los derechos humanos, mientras Villagrán recuerda los compromisos de Guatemala con la Carta Democrática Interamericana.
Perspectivas Legales y Desafíos del Ministerio Público
En una conferencia de prensa, Pineda advirtió acciones legales a nivel del derecho penal internacional. Sin embargo, expertos señalan que el MP carece de atribuciones para expresar inconformidades sobre acciones de otros países u organismos. La interacción entre estados se realiza a través de cancillerías, no de ministerios públicos.
En resumen, la crisis política en Guatemala ha desencadenado una serie de eventos cuestionables y ha elevado la preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional, a pesar de las críticas del MP, mantiene su posición de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos.
Fuente: La Hora
