En la reciente sesión plenaria del Congreso, celebrada el 29 de noviembre, los diputados tomaron una decisión trascendental que ha captado la atención de la nación. En un pacto hablado, se decidió retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta medida surge como resultado de una rápida actuación de la comisión pesquisidora, que comenzó su labor el pasado 20 de noviembre y entregó su informe tan solo nueve días después.
Contexto de la Decisión
La discusión en el pleno fue intensa, marcada por alegatos y palabras habladas que, lamentablemente, atentan contra la democracia. Los diputados, en su mayoría, optaron por abrir la puerta a una investigación sobre los magistrados electorales. La controversia se centra en dudas acerca del proceso de compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La denuncia inicial, presentada por los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti, fue el catalizador de estas acciones en contra de los funcionarios del TSE. Aunque en la comisión pesquisidora se discutieron las dudas sobre los resultados electorales, la atención se desvió hacia la adquisición del programa informático.
Magistrados Bajo Escrutinio
Los magistrados que ahora enfrentarán una investigación son Mynor Franco, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera e Irma Palencia. Durante la audiencia ante la pesquisidora, presentaron pruebas de descargo, excepto la magistrada Irma Palencia, quien, mediante una acción de amparo, se abstuvo de entregar pruebas por escrito.
Este proceso ha abierto un debate en la opinión pública sobre la transparencia en las elecciones y la integridad del sistema electoral en general.
Recomendación de la Pesquisidora
La comisión pesquisidora, por mayoría de tres a dos, recomendó al pleno del Congreso el retiro del fuero a los magistrados electorales. Esta decisión se basó en los votos a favor de Julio César Longo Maldonado, Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes y Douglas Rivero Mérida. Por otro lado, el presidente de la comisión, Julio Enrique Montano Méndez, y el vocal Osmundo René Ponce Serrano, votaron en contra de retirar el fuero a los funcionarios electorales.
Dudas y Especulaciones
Julio Enrique Montano Méndez expresó sus dudas durante el proceso de antejuicio, sugiriendo que estas acciones legales podrían tener la intención de evitar que Bernardo Arévalo, presidente electo, asuma su cargo el 14 de enero de 2024, según lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala.
Conclusión
En conclusión, la decisión del Congreso de retirar la inmunidad a los magistrados del TSE ha generado controversia y debate en todo el país. La rapidez con la que la comisión pesquisidora actuó y emitió su recomendación resalta la importancia y la urgencia del asunto.
La sociedad guatemalteca está atenta a los próximos pasos, ya que esta medida no solo afecta a los magistrados en cuestión, sino que también plantea preguntas sobre la salud de la democracia y la confianza en las instituciones electorales.
Fuente: La Hora
