El juez Pedro Rodolfo Laynez Lux, a cargo del Juzgado Cuarto Penal B, será quien conozca el caso contra el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, que el Ministerio Público (MP) investiga, que provocó un allanamiento contra la firma de auditores de sus hermanos.
El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), comandada por Rafael Curruchiche, logró por medio de una jueza de Diligencias Urgentes allanar las oficinas de la firma Moore Díaz Reyes. Sin embargo, el caso se encuentra en manos del juez Laynez.
El historial del juzgador en decisiones judiciales controvertidas lo ha colocado bajo escrutinio público, especialmente por fallos que han beneficiado a figuras de alto perfil o han generado cuestionamientos sobre la justicia en Guatemala.
EL ÚLTIMO FALLO CUESTIONADO
Una de las resoluciones más recientes y polémicas de Laynez fue enviar a juicio al cirujano plástico Kevin Malouf por el delito de homicidio culposo. Según la investigación del MP, Malouf habría negado asistencia médica a la paciente Floridalma Roque tras complicaciones en un procedimiento estético, lo que provocó su muerte. Posteriormente, el médico presuntamente desmembró el cuerpo para ocultar el crimen.
A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Mujer y el testimonio de un enfermero que involucraba directamente al cirujano en la desaparición del cadáver, el juez Laynez no tomó en cuenta los señalamientos más graves. Su fallo permitió que Malouf enfrente un cargo menor, lo que abre la posibilidad de aceptar cargos y obtener una pronta liberación.
SINIBALDI Y MARROQUÍN
En 2020, Laynez dictó una falta de mérito a favor del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en el caso de corrupción Bantrab-Arca. Este caso, investigado por la FECI bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, implicaba acusación por los delitos de lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado.
A pesar de las pruebas presentadas por el MP, Laynez argumentó que no existían suficientes indicios para abrir una investigación formal. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a la reserva de la carpeta judicial y delitos relacionados con el lavado de dinero.
Ese mismo año, el juez Laynez también dictó falta de mérito en favor de Patricia Marroquín, esposa del expresidente Jimmy Morales. La ex primera dama fue señalada por haber recibido un salario de Q4,500 mensuales en el Ministerio de Salud, a pesar de no haber prestado los servicios de trabajo requeridos.
Stuardo Campo, entonces jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, afirmó que el MP contaba con pruebas sólidas de que Marroquín no cumplía con los requisitos para su contratación en el área de informática. “Es evidente la inserción de falsedades en los informes mensuales de actividades que ella presentaba para poder cobrar sus honorarios”, aseguró Campo.
EL CASO B410
La FECI investiga al Superintendente Díaz a menos de tres meses de que denunciara una estructura de 410 empresas que habría provocado que el Estado perdiera 300 millones de quetzales en impuestos de 2021 a 2023 y que tendrían nexos con la pareja del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez.
Las diligencias del jueves último fueron lideradas por la FECI. Esto ocurrió un día después de que La Hora revelara que en la agencia 5 esa fiscalía se abrió un expediente en contra del jefe de la SAT con declaraciones de las empresas denunciadas en el caso B410 de posible defraudación tributaria.
Curruchiche detalló en declaraciones a la prensa que el operativo se efectuó en la firma de auditores, donde empresas presuntamente habían sido referidas desde la SAT para ser beneficiados por investigaciones tributarias.
Por su parte, la firma Moore Díaz Reyes calificó las acciones emprendidas por la FECI como infundadas, y remarcó que actualmente son víctimas de un «clima de terrorismo judicial y persecución sin justificación».
Por su parte, un vocero de la firma respondió «que no han sido contratados por ninguno de los empresarios involucrados en el caso B410 develado por la Superintendencia de Administración Tributaria».
MARTÍNEZ Y EL CASO B410
La publicación «Caso B410: MP sin explicar por qué Miguel Martínez no es el foco de atención» explica que el exdirector del extinto Centro de Gobierno y pareja del expresidente Giammattei, Miguel Martínez, estaría vinculado al caso B410 a través de tres empresas.
Una de ellas, Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A.En julio de 2022, los socios de esa constructora, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva —padre e hijo—, fueron incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalados como actores corruptos y antidemocráticos.
Posteriormente, La Hora reveló que la sanción a los señores López obedeció, en parte, a la relación que estos tenían con el exjefe del Centro de Gobierno.
Fuente: lahora.gt
