El Ministerio Público (MP) informó que ha solicitado auditorías a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la Superintendencia de Administración (SAT), en el caso denominado Eureka B410, presentado en noviembre de 2024, en el cual se señala al contratista Douglas Alexis Espinales Baños de una posible defraudación al Estado por Q6.9 millones.
“Preliminarmente se presume que en el presente caso se dio la posible comisión de los delitos de defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos”, detalló la oficina de comunicación social del MP.
La respuesta de la Fiscalía deriva de una consulta realizada por La Hora y por la que se publicó una nota titulada como: «El MP y sus tiempos tan distintos: investigación de contratista de Q147 millones tiene siete meses sin resultados«.
De acuerdo con la información, la Fiscalía de Delitos Económicos como parte de las investigaciones ha requerido a la Contraloría, que efectúe una “auditoría especial financiera y de infraestructura de todos los contratos del 2022,” en los cuales Espinales Baños o sus empresas hayan participado.
El contratista recibió millonarias adjudicaciones en el gobierno de Alejandro Giammattei. Foto La Hora.: Archivo
En ese sentido, la subcontraloría de Calidad del Gasto Público de la Contraloría, aseguró que a petición de la Fiscalía, por medio de la Dirección de Atención a Denuncias Ciudadanas se realiza un examen especial de auditoría, el cual aún se encuentra en proceso.
El ente investigador también solicitó a la SAT, la realización de otro informe que abarque las actividades realizadas de 2021 al 2024 del sindicado.
Funcionarios de la Superintendencia que pidieron no ser citados, manifestaron que todo lo que ha requerido el MP dentro de dicho proceso se ha proporcionado para la respectiva investigación. Sin embargo, no pueden dar detalles debido a que el caso está judicializado.
“Los resultados de estas auditorías son sumamente relevantes, puesto que sólo a través de estas se puede establecer con certeza el monto de lo dejado de percibir por el erario público en concepto de defraudación tributaria”, dijo el MP.
UBICAN A SUPUESTOS PROVEEDORES
La información del MP sugiere que Espinales Baños con su empresa Construcción y Transportes Espina, aparentemente habría simulado relaciones comerciales con cuatro proveedores cuyas empresas están vinculadas al caso B410 y otros 17 que no están relacionados con dicha carpeta.
La fiscalía logró ubicar a “estos supuestos proveedores en Huehuetenango, Sololá y Petén”. No obstante, la mayoría de personas declaró no tener empresas inscritas a su nombre.
El Ministerio Público añadió que el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, establece que por la naturaleza de los delitos contemplados en la misma, “las diligencias y actuaciones llevadas a cabo en el curso del procedimiento preparatorio del proceso penal serán reservadas”.
En ese sentido, manifestó que “en este momento procesal no se puede indicar otras diligencias que son útiles y pertinentes dentro de la presente investigación”.
ESPINALES BAÑOS EVADE LAS AUDITORÍAS
El MP también dijo que según la información de la SAT, el contribuyente “no se ha dejado auditar”, y solicitó un plazo de tres meses para rehacer sus registros contables, los cuales fueron otorgados por la entidad recaudadora.
Los datos de la superintendencia dan cuenta que al empresario le realizaron varias auditorías que comprenden los movimientos del 2022, ya que solo en 12 meses recibió del Estado Q72 millones en adjudicaciones, pero únicamente facturó el 50%.
En noviembre del año pasado cuando se dio a conocer el caso, el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, indicó que detectaron una muy baja tributación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y casi nula del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que el contribuyente pudo haberse apropiado de esos impuestos que debía pagar al fisco, que ascienden a Q6.9 millones.
Otro de los hallazgos fue que el constructor registró varias direcciones en las cuales no se pudo encontrar. Fue hasta que le inhabilitaron el Número de Identificación Tributaria (NIT), que se acercó a la SAT y dio una ubicación para contactarlo en la colonia Eureka, zona 21.
Sin embargo, al localizarlo el contratista facilitó la contabilidad solo del 2022 y no dio información de los otros años, argumentando que se las robaron.
DUDAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Durante las diligencias realizadas por los expertos de la SAT lograron constatar que al llegar a la dirección donde supuestamente se ubicaba la compañía, había poco mobiliario y ningún trabajador.
Además, la empresa no tiene ningún registro de empleados, pero aún así el contratista recibió Q147.7 millones en el periodo del gobierno de Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
Sumado a esos hallazgos, el contribuyente también pagó pocos impuestos a pesar de que recibió adjudicaciones del Estado entre 2021 y 2024 por Q133.5 millones, por un abanico de proyectos como el mejoramiento del Instituto María Josefa Rosado Lara, en Santa Lucía Cotzumalguapa por Q. 32.5 millones.
Cabe resaltar que aparte del caso Eureka B410, sobre Espinales Baños también pesan otras dos denuncias por posibles irregularidades en el remozamiento del Hospital Nacional de Jutiapa y la otra por la supervisión del Hospital de San Benito, Petén.
LOS INGRESOS DESDE EL 2020
Douglas Alexis Espinales Baños es un proveedor individual que en el gobierno de Alejandro Giammattei, obtuvo el 90% del total de contratos que ha firmado con el Estado desde su existencia, según varias investigaciones realizadas por La Hora.
Este medio ha publicado una serie de notas, en las cuales ha dado ha conocer las supuestas irregularidades encontradas en varias adjudicaciones que las diferentes instituciones del Estado le otorgaron en un periodo de cuatro años.
Entre las anomalías se destaca la supervisión de obras a medias, trabajos no realizados, sobrevaloración, entre otras.
En el Sistema de Información de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, hay registros que dicho contratista pasó de tener contratos por Q11.6 millones de 2015, hasta Q147.7 millones del 2020 al 2023.
En 2020 obtuvo 20 adjudicaciones por Q16.2 millones en varias entidades como el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, así como varias municipalidades de Quetzaltenango y Guatemala.
En 2021 firmó 10 contratos por Q16.8 millones, mientras que en 2022 fueron Q72.3 millones por varios proyectos.
El contrato más costoso en ese año fue el de Q32.6 millones para el mejoramiento del Instituto Básico Nacional de Educación INEB, María Josefa Rosado Lara, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Fuente: lahora.gt
