Hace más de un año atrás, la población de Guatemala eligió a Bernardo Arévalo, actual presidente de la República, quien prometió "lucha frontal" contra la corrupción.
Arévalo lleva en el gobierno ya seis meses y no ha tomado mayor definición para gobernar fuera de la corrupción. Más por el contrario, muy apesar de ser el presidente de la República, se encuentra arrinconado por agentes visibles de la corrupción.
En campaña prometió destituir a la actual Fiscal General, Consuelo Porras, quién persigue con cárcel o destierro a todos los agentes fiscales o jueces que lucharon contra la corrupción en Guatemala, sin embargo Arévalo no sólo no destituyó a dichos agentes, sino que se muestra casi indiferente a la práctica de la criminalización contra ex fiscales y defensor@s de derechos.
Seis meses de gobierno, y no han vuelto ni uno solo de los defensor@s exiliados. Es más, siguen saliendo ex funcionarios contra la corrupción en condición de exiliados “para preservar sus vidas”.
La última en anunciar que abandona el país, “para preservar su vida”, es la ex fiscal anti corrupción, judicializada hasta en dos procesos penales, Virginia Laparra.
La población que sembró esperanzas en Arévalo esperó que por gratitud figuras como Laparra fuesen incorporados a cargos públicos para restaurar el sistema judicial en el actual gobierno. Pero, ni ello ocurrió.
