Guatemala vive bajo una nueva ola del sistema neoliberal que busca privatizar los pocos bienes públicos que no se pudo enajenar en las anteriores fases neoliberales.
Bajo el actual gobierno de Bernardo Arévalo, quien pudo tomar el mando gracias al respaldo popular de sectores indígenas y de la sociedad civil, el agua se encuentra en una disputa política con miras a la privatización, promovido por el gobierno actual, mediante su propuesta de Ley de Aguas, aún en incógnita.
Bernardo Arévalo en días anteriores anunció que en base a un acuerdo político firmado con un sector amplio del Congreso de la República y el Ejecutivo, impulsarían leyes de trascendencia nacional. Y una de esas leyes es la Ley de Aguas. Al momento ya se habla que el sector privado, guetos de la sociedad civil afín al gobierno actual, algunas autoridades indígenas los incluyendo 48 Cantones también afines al gobierno, estarían negociando la aprobación de la Ley de Aguas sin la participación de pueblos originarios y movimientos sociales para privatizar el agua.
La Ley de Aguas básicamente contemplaría la creación de una Autoridad Nacional para la administración del agua (bajo el control del sector privado), la viabilización de la consecion de la administración del agua a una empresa privada, y la obligatoriedad de registro de todos los nacimientos, cuencas, pozos, etc, al registro nacional del agua, para su correspondiente facturación mensual.
Ante esta situación el movimiento CODECA, y otros sectores del pais, se pronuncian expresando su rechazo a cualquier intento de la transferencia de la gestión del agua a sectores privados, incluso amenazan con movilizarse en las calles si acaso el gobierno persiste en su apuesta por privatizar el agua.
