Radio Victoria

El Ejecutivo solicitó este 24 de julio retirar la inmunidad a tres magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín, por el delito de prevaricato.

Foto: Bernardo Arévalo

Es el Congreso de la República el que conoce los antejuicios en contra de los magistrados de la CC.

De acuerdo con el Gobierno, ellos habrían cometido este delito al omitir pruebas documentales dentro del proceso de amparo 3156-2024, en el que «constaban informes auténticos generados por la Superintendencia de Bancos que establecen que el señor Jorge Mondal no reúne los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores para ser presidente de la entidad».

CC RESPONDE AL EJECUTIVO EN COMUNICADO

Ante esto, horas más tarde la CC se pronunció, indicando que la función esencial del Tribunal es la defensa del orden constitucional y que la independencia de esta es un principio de «obligatoria observancia».

Esto lo expresó la Corte a través de un comunicado, en el que aseguró que la indebida injerencia respecto a las decisiones que asumen en el tribunal es «punible», respondiendo al Ejecutivo, quien afirma que Mondal no cumple con el requisito de haber trabajado por 10 años en el sistema bancario nacional, por lo cual no puede ser presidente del Banco de los Trabajadores.

Mondal fue designado al frente de dicha entidad bancaria por el entonces Presidente de la República, Alejandro Giammattei, con la venia de su pareja Miguel Martínez.

AMPARO

El pasado 11 de julio, el pleno de magistrados de la CC que estuvo integrado por los magistrados Paniagua, Jiménez y Rosales, otorgó un amparo provisional en favor de Mondal, permitiéndole de nuevo seguir ejerciendo como presidente del Banco de los Trabadores.

En la resolución emitida por la Alta Corte resaltan los votos favorables de los tres magistrados suplentes.

 
DOS VECES REMOVIDO

El pasado 8 de febrero, Arévalo destituyó a Mondal y al presidente suplente de esa entidad, Luis Suárez, pero la CC les otorgó un amparo provisional y dejó en suspenso los cambios.

El pasado 22 de mayo, por medio de un acuerdo emitido desde la Secretaría General de la Presidencia, volvió a ser destituido del cargo por no cumplir con uno de los requisitos que juró tener y que la ley exige para presidir la entidad, la cual es haber trabajado 10 años en el sistema bancario.

La SIB hizo constar que en sus registros no aparecían récords de la actividad bancaria que Mondal juro tener en declaración jurada.

La Secretaría General de la Presidencia (SGP), por medio de una notificación a las 19:00 horas de ese miércoles informó a Mondal, que sería removido de su cargo como Presidente de la Junta Directiva del Bantrab, a través de la cédula de notificación que entregó Raúl Estuardo Zapata, en las instalaciones de Bantrab.

Además, en la nota de La Hora titulada «Tras publicación de La Hora, remueven y denuncian a Mondal por tema Bantrab», se detalló que Mondal fue denunciado en el Ministerio Público (MP), por los delitos de «falsedad ideológica y perjurio».

HABÍA DENUNCIADO A DOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

El presidente del Bantrab, horas antes de ser removido, en mayo, presentó una denuncia penal en contra de Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, y Santiago Palomo, quien entonces dirigía la Comisión Nacional contra la Corrupción.

La denuncia habría sido a causa de una visita que los funcionarios le hicieron en su despacho, el lunes 20 de mayo, cuando presuntamente le habría pedido su renuncia al cargo. Así lo explica la nota de La Hora «Jorge Mondal recurre al MP y la CC; Guerrero y Palomo niegan señalamientos».

SU RESTITUCIÓN

El pasado 11 de julio, la CC conoció el amparo provisional que Mondal interpuso para frenar su remoción, y los magistrados suplentes votaron a favor de él, restituyéndolo en el cargo por mayoría de tres a dos votos.

Ese mismo día, el mandatario Arévalo afirmó que estos tres magistrados le brindan protección a Mondal, a pesar de que se confirmó que carece del requisito para el cargo.

«Ya ha sido establecido prácticamente más allá de toda duda que nunca tuvo las calidades necesarias para poder ocupar el cargo y, sin embargo, están protegiéndolo por alguna razón que no entendemos, pero creemos que este es precisamente el tipo de decisiones que no contribuyen al fortalecimiento de la justicia en el país», expresó Arévalo.

 

Fuente; lahora.gt

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