La Corte de Constitucionalidad (CC), presidida por Nester Vásquez, externó su malestar luego de que el gobierno de Bernardo Arévalo solicitara el retiro de inmunidad a tres de sus magistrados suplentes para que el Ministerio Público (MP) pueda investigarlos por la posible comisión del delito de prevaricato, luego de que beneficiaran con un amparo a Jorge Mondal, presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), para ser restituido al cargo pese a no cumplir con los requisitos que establece la ley.
Un mes antes de que la CC resolviera lo antes descrito, La Hora dio a conocer que Mondal tenía la protección de los magistrados suplentes Claudia Paniagua, Walter Paulino Jiménez y Luis Alfonso Rosales y que estos lo blindarían para permanecer en el cargo, pese a que Arévalo también lo denunció por incurrir en delitos para ser nombrado al frente del Bantrab por designación del sancionado expresidente de la República, Alejandro Giammattei.
De esa cuenta, la alta corte se pronunció y subrayó que la denuncia interpuesta contra tres de sus magistrados «atenta contra la independencia judicial».
En los últimos meses, el MP que dirige María Consuelo Porras ha solicitado el retiro de inmunidad de dos juezas penales al no estar de acuerdo con sus resoluciones, en esas ocasiones la CC se mantuvo en total silencio y avaló las acciones penales emprendidas por la fiscal general.
CC SE MANTIENE EN SILENCIO
La Hora consultó a la CC por una postura en la que se destacó que «en otras oportunidades el MP ha presentado antejuicios en contra de magistrados y jueces y no se habían pronunciado de la misma manera, incluso otros gobiernos presentaron solicitudes de antejuicio en contra de magistrados de la CC, pero tampoco se pronunciaron de esa forma».
De esa cuenta, la Unidad de Comunicación Social de la CC explicó que el máximo tribunal no tiene ninguna postura y remitieron al comunicado.
En tanto, el comunicado de la CC sostiene que la denuncia del gobierno «atenta contra la independencia judicial toda acción que pretenda incidir en sus decisiones, por lo que, el tribunal rechaza cualquier acto que intente mermar el desarrollo independiente de la justicia constitucional, y trae a cuenta que, el hecho de que sus decisiones no concedan la razón al justiciable, no implica que se genere violación a la constitución».
«La independencia del tribunal es un principio de obligatoria observancia y respeto por parte de gobernantes y gobernados. La indebida injerencia por cualquier medio, respecto a las decisiones que asume, es punible acorde con las previsiones constitucionales y legales del país y atenta contra el principio democrático de separación de poderes», refirió la corte.
COLOMA, CHINCHILLA Y EXMAGISTRADOS
Las juezas Duodécimas Penales, Wendy Coloma y Karen Chinchilla, fueron denunciadas por el MP y solicitaron su retiro de inmunidad derivado de emitir resoluciones que no fueron del agrado del ente investigador a favor de personajes señalados por organizaciones de derechos humanos y sectores de la población de ser víctimas de una persecución política a manos de Porras.
En el caso de Coloma la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó el antejuicio por dictar falta de mérito a favor del exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, quien no accionó con las fuerzas de seguridad en contra de la población que exigía la renuncia de Porras durante las protestas que se desarrollaron en 2023 a raíz del intento del golpe de Estado que lideró el MP para evitar la toma de posesión de Arévalo.
Mientras que Chinchilla, según el MP, habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad por otorgar medida sustitutiva a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinculados al caso TREP. En junio pasado, La Hora reveló que el verdadero descontento del MP, según el antejuicio presentado, fue por atender a los togados y frustrar su captura.
En 2018, el gobierno del expresidente Jimmy Morales también presentó una solicitud de antejuicio contra los entonces magistrados de la CC, Gloria Porras, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela. Esa administración los denunció por los supuestos delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.
CASO MONDAL
Fue el expresidente Alejandro Giammattei quien designó a Mondal y a Luis Suárez, excandidato a la vicepresidencia con VAMOS y presidente suplente del Bantrab. De acuerdo con fuentes internas del banco y fuentes políticas del entorno del Ejecutivo, los nombramientos fueron por recomendación de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei.
La Hora publicó una investigación en mayo último, en esta se detalla que tanto Mondal como Suárez no cumplen con las calidades que la Ley Orgánica del Bantrab les exige para esos puestos, sin embargo, en acta notarial juraron contar con los requisitos y refirieron que la Superintendencia de Bancos (SIB) podía dar fe de ello, extremo que no sucedió.
Tras la publicación de La Hora, esa noche, el gobierno de Arévalo anunció que ambos quedaban destituidos por segunda vez y presentaron una denuncia penal en contra de Mondal y Suárez por los delitos de falsedad ideológica y perjurio, esa denuncia se encuentra en la Unidad de Desjudicialización del MP.
Sin embargo, Mondal no se quedó de brazos cruzados y se adelantó a las acciones del Organismo Ejecutivo. Una noche antes denunció al Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y al entonces comisionado Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, quienes días antes lo visitaron respecto a las anomalías en su nombramiento.
Mondal sostuvo en su denuncia que llegaron a su despacho a coaccionarlo para que renunciara, extremo que ha sido negado por los funcionarios de gobierno y destacaron que se «trata de un intento más de las mafias por permanecer en el poder y calificaron la denuncia en su contra de infundada».
Fuente: lahora.gt
