La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de aceptar la apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), confirmando la prisión preventiva para el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, marca un nuevo capítulo en un caso que ha capturado la atención nacional.
Antecedentes del Caso
El proceso legal contra Benito se desencadenó a raíz del descubrimiento de Q122 millones en maletas incautadas en una residencia en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 16 de octubre de 2020. Este episodio provocó una investigación liderada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
Las acusaciones apuntan al presunto lavado de dinero por parte de Benito Ruiz, quien en ese momento se desempeñaba como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
Implicaciones Legales y Medidas Sustitutivas
La exmagistrada Silvia Valdés, presidiendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ), otorgó una medida sustitutiva que permitió a Benito salir de prisión. Sin embargo, esta decisión fue objeto de apelación por parte del MP y la PGN, llevando el caso hasta la Corte de Constitucionalidad, que finalmente ratificó la prisión preventiva.
El Rol del Exfuncionario en el Caso del Libramiento de Chimaltenango
José Luis Benito no solo enfrenta cargos relacionados con los Q122 millones, sino que también está siendo procesado en el caso conocido como Libramiento de Chimaltenango. Según el MP, Benito habría participado en la defraudación al Estado por la construcción de la denominada “megaobra” de infraestructura.
En este segundo proceso legal, el exfuncionario canceló una fianza de Q1 millón para obtener su liberación, una decisión tomada durante una audiencia a puerta cerrada presidida por el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez.
Conclusión y Reflexiones Finales
La ratificación de la prisión preventiva para José Luis Benito por parte de la Corte de Constitucionalidad marca un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala. El caso, que involucra no solo la suma significativa de Q122 millones sino también presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura, subraya la importancia de una justicia transparente y equitativa.
En este contexto, la sociedad guatemalteca espera con atención el desarrollo de los procesos legales y la conclusión de las investigaciones. La confirmación de la prisión preventiva refuerza la idea de que ninguna figura pública está por encima de la ley y destaca la importancia de la rendición de cuentas en la administración pública.
Fuente: La Hora
