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El control de las instituciones por un grupo de abogados cercanos a jueces y magistrados continúa, como es el caso en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, donde hay resistencia para entregar la presidencia al relator que por orden corresponde.

Lesther Castellanos

El pasado 25 de marzo debió asumir como presidenta, la relatora Jennifer Alejandra Aldana García, pero por inconformidades del presidente saliente, Lesther Castellanos Rodas, no se dio ese traspaso. Y es que, según Castellanos, su colega no puede asumir porque en el acuerdo de juramentación del Congreso de la República, ella aparece como suplente.

No obstante, el artículo 17 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establece que la Oficina Nacional se conforma por cinco relatores titulares, e igual número de suplentes. Los suplentes asumirán la titularidad al producirse una vacante o ausencia temporal de un relator, y recibirá el salario que corresponda cuando asuma dicha titularidad.

Aldana García fue designada como suplente en marzo de 2022 de Ever Alejandro Pérez Arriaza, que falleció en una visita en México en abril de 2023.

Se consultó a Aldana si había asumido, pero por medio de su asistente respondió que por «un personaje» no se logró su ascenso y que la próxima semana atenderá la entrevista.

ADELANTAN PRESIDENCIA

De acuerdo con la ley, los relatores son electos para cinco años y solo se pueden reelegir una vez, la presidencia se ejerce de forma rotativa por un año por orden de edad, y no podrá durar más del tiempo establecido ni repetir.

Entre las funciones de la presidencia es realizar las sesiones de la Oficina, autorizar nombramientos del personal y tiene la representación a nivel nacional e internacional.

El pasado 2 de abril, los diputados eligieron a Jhonathan Josué Mayorga y a Franck Steven Ríos Ríos, como relatores titulares. Mientras que a Evelyn Patricia Morales Vidal y Evelyn Fabiola Morales Chávez, como suplentes.

Al estar completo los nombramientos de los relatores, se decidió que la presidencia la asumiera para el presente periodo Alfredo Sánchez Chinchilla, que le correspondía hasta el próximo año. Los relatores Mayorga y Ríos habían laborado en dicha institución y son mencionados como cercanos a Castellanos.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles cuenta con un presupuesto de Q20 millones.

Fuente: lahora.gt

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