El Ministerio Público (MP), liderado por María Consuelo Porras, acumula desde 2018 al menos 6 denuncias contra la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, vinculadas a abusos sexuales y malos tratos a menores de edad. Aunque miembros del grupo ya habían sido perseguidos penalmente en Estados Unidos, Canadá y México, países de los que huyeron para establecerse en Guatemala, las investigaciones permanecieron sin avances por seis años.
La situación cambió en noviembre de 2024, cuando cuatro menores de edad escaparon de la comunidad asentada en una aldea de Oratorio, Santa Rosa. Tras recorrer 103 kilómetros hasta la ciudad de Guatemala, acudieron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para denunciar hechos que podrían constituir graves delitos. Fue ahí cuando el MP actuó y desató el reciente rescate de más de 160 niños y adolescentes de la secta Lev Tahor.
El culto fundado en los ochenta, que se ha convertido en una especie de nómadas, huyó de otros cuatro países incluido Israel. Lo que ellos llaman una «persecución religiosa» las fiscalías de esos países tipifican como maltrato infantil, abuso sexual, tráfico de personas y matrimonios forzados a muchas de las prácticas de las que son adoctrinados los miembros.
LAS DENUNCIAS OLVIDADAS
Una parte de la comunidad Lev Tahor se asentó en Guatemala por primera vez en 2014, tras su salida de Canadá en un caso similar al que las autoridades guatemaltecas ahora investigan. Un grupo de 200 miembros se instaló en San Juan La Laguna, Sololá, pero fue expulsado por más de 2 mil pobladores al rozar con sus costumbres. De esa cuenta, se movilizaron en el territorio y finalmente se ubicaron en la aldea El Amatillo en Santa Rosa.
El 31 de octubre de 2018 se presentó la primera denuncia contra el grupo Lev Tahor ante el MP. Esta advertía sobre el riesgo de un posible suicidio colectivo dentro de la comunidad, conocida internacionalmente como los «talibanes judíos» debido a sus prácticas extremistas. Además, denunciaba los malos tratos que recibían los menores de edad.
Esta denuncia no fue aislada. El 3 de enero de 2019, Canadá presentó una denuncia contra Lev Tahor a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. La acusación se sumó a los antecedentes del grupo en dicho país norteamericano, donde en 2013 se les abrió un caso por maltrato infantil y matrimonios forzados.
Las denuncias fueron asignadas a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia del MP, pero las investigaciones avanzaron poco y no lograron resultados significativos durante esos seis años. En total, el MP recibió una denuncia en 2018, cuatro más en 2019 y otra en 2021, relacionadas con la secta Lev Tahor.
A raíz de la primera denuncia, la PGN insistió reiteradamente en la necesidad de que la Fiscalía solicitara a un juez la autorización de un allanamiento en la finca donde se había establecido la comunidad en Santa Rosa, según una fuente cercana al caso. Sin embargo, dicha acción tomó seis años, pese a que se llevaron mesas técnicas en donde el MP prometía solicitar un allanamiento de la finca.
EL ALLANAMIENTO QUE NO LLEGABA
Fue hasta el 8 de octubre que el MP logró un allanamiento en la finca donde vive la comunidad de Lev Tahor. La Fiscalía no solicitó el acompañamiento de la PGN en esa ocasión. Los miembros de la secta impidieron que las autoridades llevaran a cabo la diligencia, hombres y niños danzaban y cantaban en su idioma mientras rodeaban a los fiscales y policías. El allanamiento resultó un fracaso.
De esa cuenta, la PGN impugnó la diligencia y, el 10 de octubre pasado, el juez Iván Estuardo Morán ordenó al MP rehacer el allanamiento en un plazo de 30 días, según una resolución a la que tuvo acceso La Hora de la carpeta judicial 06002-2019-00013. A la fecha, tres meses después, la Fiscalía no ha cumplido con la orden del juzgador.
La resolución llegó al despacho de la jefa del MP, María Consuelo Porras. Así lo ordenó el juez, con el objeto de que nombrara a un fiscal especial para que conociera el caso y «unificara las denuncias con distintos delitos que se relacionen en la comunidad». El fiscal especial tampoco ha sido nombrado por Porras, las investigaciones de 2018 a 2021 se mantienen estancadas.
El pasado 7 de enero, el MP informó en su sitio web sobre una reunión entre Porras y el embajador del Estado de Israel, junto con su comitiva. En ese encuentro, la fiscal general acordó la creación de un equipo fiscal dedicado específicamente al caso de los cuatro menores. Sin embargo, a tres meses de la resolución emitida por un juez en el caso de 2018, aún no se ha designado a un fiscal especial para atender las denuncias acumuladas.
En esa audiencia, el juez también decretó la reserva del caso, una herramienta legal que se utiliza en los procesos penales para evitar la fuga de información y alertar a los sindicados. La decisión derivó por sospechas de que tanto la Policía, personal del MP y del Juzgado en Santa Rosa alertaban a miembros de la comunidad de las acciones judiciales en su contra.
LA DENUNCIA CLAVE
Las seis denuncias entre 2018, 2019 y 2021 no prosperaron, pero el foco de atención se centró en Lev Tahor cuando cuatro menores de edad lograron escaparse de la finca y llegaron hasta las oficinas de la PNG a relatar hechos que encuadran en múltiples delitos, entre ellos violación y malos tratos. La huida la lograron el 11 de noviembre de 2024.
Para los menores de edad, la experiencia resultó profundamente traumática. Crecieron aislados, sin conocer casi nada del mundo exterior, y fueron adoctrinados bajo la creencia de que el mundo exterior representaba un lugar aterrador y condenado. Los niños eran instruidos para no identificarse cuando las autoridades les preguntaran sus datos, con la promesa de que solo así podrían reunirse nuevamente con sus padres.
El 20 de diciembre, los niños y adolescentes rescatados fueron trasladados al centro Alida España de Arana, ubicado en la zona 3 de la capital. Sin embargo, apenas dos días después, bajo instrucciones de los hombres de la secta, los menores escaparon. La fuga fue organizada en dos microbuses, pero la Policía logró interceptarlos y, tras varias horas de tensión, los menores fueron rescatados nuevamente.
Actualmente, los 160 niños y adolescentes rescatados permanecen bajo el abrigo provisional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) en el centro Nuestras Raíces por orden de un juez de paz bajo el artículo 14 de la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes (PINA) «para la colocación provisional o definitiva de niños, niñas y adolescentes en la familia u hogar sustituto».
Las autoridades continúan trabajando en la identificación de los menores de edad, ya que no se ha logrado establecer quiénes son sus padres biológicos y carecen de documentos de identificación. Ante esta situación, el MP informó que se les realizarán pruebas de ADN para determinar su parentesco.
Por su parte, la comunidad judía de Guatemala se desligó de Lev Tahor, respaldó las investigaciones y exhortó al gobierno de Israel a colaborar en los esfuerzos para abordar la situación.
![Fuentes: Página12 [Imagen: AFP]](https://radiovictoriagt.com/wp-content/uploads/2025/01/16-comprimido-3.jpg)
