Los proyectos de infraestructura aprobados en el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, tuvieron reparos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a lo que ahora se suma las pesquisas del Ministerio Público (MP), confirmó a La Hora la institución.
Los proyectos de infraestructura aprobados en el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, tuvieron reparos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a lo que ahora se suma las pesquisas del Ministerio Público (MP), confirmó a La Hora la institución.
Un mensaje de la oficina de Comunicación de la Fiscalía detalló que «la Fiscalía contra la Corrupción se encuentra trabajando en una investigación, la cual inició de oficio desde marzo de 2024, y por medio de la que se investigan hechos que podrían encuadrar en los delitos de peculado por sustracción y posiblemente fraude, esto en el marco del Decreto 21-2022».
Añadió que dicha Fiscalía evalúa los diferentes proyectos y ya «se ha requerido información a diferentes instituciones y se trabaja en coordinación con la Contraloría General de Cuentas, a fin de establecer cuál es el avance físico de cada uno de los proyectos involucrados».
El Informe de Auditoría de la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023, que se presentó en mayo pasado, generó una denuncia penal por un monto de Q6 mil 960 millones 843 mil.
Según un reporte proporcionado por la CGC, el día de la presentación del informe, la denuncia por esos proyectos obedece a la «irregularidad en contrataciones y ejecución» de dichas obras, puesto que se habrían adquirido compromisos que no tenían ningún sustento en el Decreto 21-2022.
LAS INVESTIGACIONES DE LA HORA
Entre mayo y junio, La Hora visitó una veintena de proyectos relacionados con esta Ley, en áreas cercanas a la metrópoli, Escuintla y el oriente del país, y el patrón generalizado de estos es que los proyectos se adjudicaron, se pagaron y se dejaron a medias.
Para estos proyectos el Congreso aprobó montos específicos que, de acuerdo con el artículo 7, no podían modificarse «por ningún motivo». A pesar de esto, en algunos casos, el CIV dejó de pagarlos y las obras se quedaron a medio construir.
En la carretera a El Salvador, por ejemplo, en el Cerinal, Barberena, Santa Rosa, la constructora solo levantó el concreto de los carriles que se dirigen a la capital y cerró el paso vehicular más o menos en un kilómetro. El problema ya lleva varios meses y los automovilistas se han visto obligados a utilizar en doble vía los carriles que conducen al oriente. Esto ha ocasionado, según usuarios de la ruta, varios accidentes, algunos de los cuales han sido fatales.
La empresa fue consultada por La Hora y respondió que solicitaron la suspensión de la obra debido a que el CIV no les pagó.
Un idéntico caso ocurrió con una carretera departamental en San José Pinula, que conduce a la aldea Santa Rita, puesto que la empresa fue contratada para asfaltar ocho kilometro, pero, ante la falta de pago solo lo hicieron en cuatro.
En algunos proyectos dejados a medias fue imposible contactar a las constructoras porque no tenían número telefónico, correo electrónico y ni siquiera fueron localizadas en internet. En otros se les solicitó explicaciones, pero no respondieron o bien ofrecieron enviar respuestas y no lo hicieron.
Varias de las empresas beneficiadas con los contratos del Decreto 21-2022 experimentaron una bonanza financiera durante los cuatro años de gobierno de Alejandro Giammattei, algunas, de hecho, ni siquiera existían.
MALOS MANEJOS
La CGC, en su informe de Auditoría 2023, efectuó denuncias penales por un monto Q7 mil 955 millones, lo que quiere decir que la denuncia por los posibles malos manejos de los recursos del Decreto 21-2022 representan el 91 por ciento del total.
El monto de la denuncia —Q6 mil 960 millones— supera al total de la ampliación presupuestaria que fue aprobada por el Congreso en 2022, que fue de Q3 mil 191 millones. También supera a los costos estimados multianuales que fueron aprobados con el Decreto y que es de Q5 mil 690 millones.
El Decreto 21-2022 fue aprobado de manera exprés y en medio de señalamientos de opacidad, puesto que la mayoría de los proyectos incluidos, aparentemente, fueron propuestos por los diputados distritales, lo que les hacía carecer de respaldo técnico.
Esto podría explicar que algunas de las obras que visitó La Hora están detenidas porque les hacía falta estudios de ingeniería, como la construcción de la 8a calle de 1a a la 5a avenida de la zona 3 de Palín, Escuintla, un proyecto que le ha costado al erario Q30 millones y que solo se inauguró, pero no se puede utilizar porque hacen falta unos 10 metros de carretera y concluir los trabajos de drenajes y bóvedas. La empresa justificó, en su momento, que al menos había un estudio pendiente.
En mayo del 2022, el exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, al ser cuestionado por el respaldo técnico de las obras, respondió al medio Prensa Libre que eso había que preguntárselo a los diputados distritales porque de ellos habían nacido los proyectos.
La iniciativa de ley la presentó la diputada del partido Vamos, Shirley Rivera, en ese entonces presidenta del Congreso. Fue recibida en Dirección Legislativa, se le dio dictamen y fue aprobada por el pleno en apenas 15 días.
Fuente: lahora.gt
