El pasado viernes 8 de diciembre marcó un hito crucial para Guatemala. En ese día, el presidente Alejandro Giammattei recibió el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2024, un documento que ha desencadenado un fervoroso debate en diversos sectores del país. Este presupuesto, aprobado por el Congreso de la República el 30 de noviembre, establece un techo presupuestal de Q124 mil 880 millones, generando controversias que han llevado a múltiples llamados para que el mandatario vete el decreto legislativo que lo contiene.
El Poder del Veto: Un Dilema Constitucional
El proceso, regido por el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala, concede al presidente Giammattei un periodo de 15 días, a partir del 8 de diciembre, para ejercer su derecho al veto. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el documento “recibirá el tratamiento correspondiente”. Pero, ¿cuál es el alcance real de este poder?
El artículo constitucional establece que, si el presidente no devuelve el decreto dentro de los quince días siguientes a su recepción, este se considerará sancionado, y el Congreso deberá promulgarlo como ley en los siguientes ocho días. Esto plantea una disyuntiva significativa para Giammattei, ya que, de no aplicar el veto, el presupuesto se convertiría en ley sin necesidad de su sanción directa.
El Procedimiento Posterior: Decisiones Cruciales en Consejo de Ministros
En caso de que el presidente ejerza su derecho al veto, el proceso continúa con el envío del decreto al Congreso “con las observaciones que estime pertinentes”. A partir de ahí, el Congreso tiene un plazo de treinta días para reconsiderar o rechazar el veto. Si este fuera rechazado por las dos terceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá sancionar y promulgar el decreto en los ocho días siguientes, o la Junta Directiva ordenará su publicación para que surta efecto como ley.
Este procedimiento detallado en la Constitución resalta la importancia de las decisiones que el presidente Giammattei deberá tomar en los próximos días. El veto o la sanción del presupuesto no solo impactarán en las finanzas nacionales, sino que también definirán la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Polémicas y Preocupaciones: Las Voces Disidentes
Desde la aprobación del presupuesto, diversas voces han expresado su descontento y preocupación. Analistas, empresarios, y hasta el presidente electo, Bernardo Arévalo, han instado a Giammattei a vetar el decreto. Entre las irregularidades señaladas se encuentran la distribución cuestionable de millones de quetzales para organizaciones no gubernamentales, la aprobación de más de Q2 mil 500 millones para proyectos ya asignados, y la posible complicación para el próximo gobierno en la gestión de Bonos del Tesoro.
Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) alertan sobre el impacto negativo en la estabilidad macroeconómica. La Cámara de Comercio califica la aprobación del Presupuesto 2024 como “irresponsable” y “poco técnico e inefectivo”. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) prevé daños a diversos sectores económicos y sociales, complicando la gestión del nuevo gobierno.
Llamados a la Acción: El Presidente ante Decisiones Trascendentales
En este escenario de controversias, diversas voces han llamado al presidente Giammattei a tomar decisiones trascendentales. Organizaciones indígenas solicitan el veto para proteger los derechos de las familias guatemaltecas. El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresa su preocupación y apunta a correcciones necesarias en la normativa.
La atención está centrada en el presidente, quien, en los próximos días, deberá evaluar detenidamente las implicaciones del Presupuesto General 2024 y decidir si ejerce su derecho al veto. La complejidad de las circunstancias exige una deliberación cuidadosa y consideración de las diversas perspectivas presentadas por sectores clave de la sociedad guatemalteca.
Un Futuro Pendiente de un Veto Presidencial
La decisión del presidente Giammattei en relación con el Presupuesto General 2024 definirá el rumbo económico y político de Guatemala en los próximos años. La responsabilidad recae en sus manos, y la sociedad observa con atención las acciones que tomará en este escenario delicado. La incertidumbre persiste, pero lo que sí es seguro es que la decisión presidencial será determinante para el futuro de la nación.
Fuente: La Hora
