El Ministerio Público (MP), que dirige Consuelo Porras, se mantiene renuente a iniciar investigaciones contra el expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez -ambos con ingreso prohibido a EE. UU. por su involucramiento en «significativos actos de corrupción»- ante indicios que los apuntan de tener vínculos con empresas que se beneficiaron por medio de contratos millonarios con el Estado en los últimos cuatro años y que a la fecha se mantienen inconclusos.
El último reportaje de La Hora detalla el estancamiento en la remodelación del Aeródromo San José, Escuintla. En 2020, Giammattei aseguró que dichas instalaciones se convertirían en un aeropuerto formal que recibiría pasajeros y carga, incluso desde el exterior. Sin embargo, los proyectos están paralizados y las constructoras dejaron abandonados los trabajos por los cuales ya cobraron al menos 468.2 millones de quetzales, equivalente al 71 por ciento.
De acuerdo con la publicación, al menos tres proyectos fueron suspendidos. Uno, aparentemente, sigue en desarrollo, y otros dos ya fueron finalizados, pero presentan una serie de problemas. Por ejemplo, la sala de abordaje cuenta con una mala ejecución en el repello exterior y de esa cuenta existen filtraciones, aunque la obra ya fue concluida.
DESIGNADOS POR GIAMMATTEI-MARTÍNEZ
La nota titulada como: «Otra investigación que podría afectar a Giammattei – Martínez queda relegada», a la vez explica cómo el MP de forma escueta se limitó a decir que realizaba una investigación en el caso del exdirectivo de Bantrab, Jorge Mondal.
«En 2021, Mondal fue designado por el entonces presidente Alejandro Giammattei con el aval de su pareja, Miguel Martínez», explica ese tema.
«Esta designación a cargo del presidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez podría comprometerlos y vincularlos, ¿es por esto que no se abrió una investigación de oficio?», se preguntó a la jefa del MP.
Por lo anterior respondió que: «Totalmente absurdo, el Ministerio Público es un ente independiente y autónomo que actúa en todo momento con objetividad y de acuerdo a lo que establece la ley».
HOSPITALES INCONCLUSOS Y SIN PRESUPUESTO
Otro caso son los pocos avances en la construcción de los hospitales de San Benito, Petén, y Coatepeque, Quetzaltenango, cuyos trabajos iniciaron en febrero de 2023 bajo la administración de Giammattei. Ambas obras se encuentran con estatus de «suspendido» y a un año solo se reportan trabajos de movimiento de tierra y el levantamiento del muro perimetral, según la información oficial.
La construcción del Hospital de San Benito fue adjudicada el 1 de febrero de 2023, por un monto de Q264 millones a la empresa Opción Técnica, S.A. En tanto, los trabajos para edificar el Hospital de Coatepeque fueron adjudicados el 15 de febrero de ese año, por Q259.9 millones a la empresa Constructora Maquinaria Materiales y Agregados del Sur, S.A.
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para la construcción del Hospital de San Benito no hay monto vigente para continuar con la obra. En cuanto al Hospital de Coatepeque, solo se dispone de 11 quetzales para este 2024.
EMPRESA SEÑALADA COMO FAVORITA DEL CIV
Asimismo, la empresa Opción Técnica S.A., señalada de dar sobornos a funcionarios en el caso Asalto al Ministerio de Salud, un proceso que se reveló en 2019, es una de las “favoritas” del gobierno de Giammattei de acuerdo con la Rednac-TP y, según una publicación de La Hora de abril en 2023, sumó más de Q1 mil 482 millones 898 mil 359.
La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (Rednac-TP) señaló que fue una de las predilectas del gobierno de Giammattei, tal como se cita en la nota: “Diez constructoras adjudicadas suman Q7.8 mil millones en obras”.
MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA
La Hora ha difundido varios artículos en los que se detallan contratos millonarios otorgados a empresas presuntamente relacionadas con Miguel Martínez, ex jefe del extinto Centro de Gobierno y pareja del exmandatario.
El 29 de febrero, uno de estos artículos reveló que dichas empresas recibieron contratos que superan los Q2 mil 561 millones, de acuerdo con la información disponible en Guatecompras, el portal de adquisiciones del Estado.
Una de las empresas destacadas es Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), vinculada con Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, quienes han sido sancionados por corrupción en Estados Unidos al ser incluidos en la lista Engel.
Una publicación de La Hora, también menciona en relación con lo anterior, que la asignación en el listado «confirmó que los vinculados a Aspetro eran “personas de interés” para el Gobierno de Estados Unidos y que desde entonces venían observando las contrataciones de la entidad, así como las relaciones de las personas vinculadas. La Hora pudo establecer que la sanción a los señores López obedece, en parte, a la relación que estos tenían con el ex jefe del Centro de Gobierno».
En la publicación: «Empresas cercanas a Miguel Martínez aumentan ingresos del Estado en gobierno de Giammattei», se expone una situación similar con la farmacéutica La Botica, S. A., que ha sido señalada por sus vínculos con Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo de Martínez.
Entre 2020 y 2023, esta empresa recibió contratos por un valor total de Q547.9 millones, según datos del portal Guatecompras. De esta cantidad, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud adjudicaron a La Botica Q540.1 millones.
Desde 2015, cuando empezaron a aparecer adjudicaciones a su favor en Guatecompras, hasta 2019, La Botica había ganado Q16.7 millones en contratos con diversas entidades del Estado. Esto significa que en el último gobierno, la compañía obtuvo el 97% del total de contratos que ha firmado en toda su trayectoria.
EL MP DE PORRAS
En una conferencia de prensa que Porras ofreció el pasado 7 de mayo, ante las acciones del presidente Arévalo para removerla del cargo por señalamientos de favorecer a funcionarios corruptos y al narcotráfico, La Hora cuestionó a la fiscal general sobre el porqué las investigaciones en contra de Giammattei y Martínez no prosperaban.
Porras no contestó si obedecía a los intereses del exmandatario -como se le preguntó-, en cambio, demostró su malestar y sostuvo que si este Diario tenía conocimiento de algún hecho constitutivo de delito debía denunciarlo ante el MP, porque de lo contrario estaría incurriendo en el delito de omisión de denuncia. Extremo que fue rechazado por la sociedad y organizaciones a favor de la prensa.
Por su parte, Pineda, dijo que ninguna fiscalía cuenta con algún caso que involucre al expresidente Giammattei, o al menos no que haya informado a la fiscal general. Las declaraciones del funcionario se contradicen con las declaraciones que brindó en una entrevista a La Hora en febrero, ahí aseguró que había investigaciones en curso.
Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo intenta liberarse del peso del llamado “pacto de corruptos”, comenzando con Porras, quien en múltiples ocasiones intentó obstaculizar su candidatura presidencial y, posteriormente, impedir su toma de posesión. Por ahora, Arévalo busca modificar la Ley Orgánica del MP con el objetivo de poder remover a la fiscal general del cargo.
Fuente: lahora.gt
