En el contexto de las audiencias por el antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), surge la relevancia de una auditoría en desarrollo por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Esta auditoría revela dos posibles hallazgos en relación con la adquisición del programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023, desatando controversia y respuestas por parte de la institución electoral.
Posible Falta de Planificación
Según la información de la Contraloría, durante las pruebas técnicas y análisis de documentación sobre la adquisición del programa informático, se evidenció una posible falta de planificación eficiente y documentación de soporte desde la Dirección General de Informática del TSE. Esta falta de previsión se tradujo en un desarrollo insuficiente del software, a pesar de los recursos asignados desde el año 2022.
Contrario a las expectativas, la institución electoral optó por desarrollar internamente el software para el proceso electoral de 2023. La Contraloría destaca que, a finales de 2022, el porcentaje de desarrollo no reflejaba avances significativos, cuestionando la oportunidad de planificación y ejecución por parte del TSE.
Recursos Asignados y Ejecución Ineficiente
El Decreto Número 16-2021 asignó Q500 millones para gastos exclusivos de preparación para el evento electoral 2023, según el acuerdo 488-2021. Sin embargo, la Contraloría sostiene que la ejecución de estos recursos se orientó hacia la adquisición de una solución informática demasiado tarde, en el año 2023, en lugar de anticiparse.
Se enfatiza la posible falta de calidad del gasto en la adquisición del software, alegando que excede las necesidades reales del país. Esto, según la Contraloría, va en detrimento de los intereses del Estado, generando un cuestionamiento sobre la eficacia en la gestión de recursos.
Facultades del TSE y Respuesta Institucional
Ante las críticas, la institución electoral defiende su posición, argumentando que se les faculta para realizar las adquisiciones respectivas en 2023, bajo el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Además, señalan que el decreto correspondiente establece las obligaciones propias de cada entidad ejecutora, delegando responsabilidades específicas.
Competencias y Responsabilidades Claras
La Ley Electoral y de Partidos Políticos especifica que la elaboración y ejecución del presupuesto anual no recae en los magistrados, sino en la Dirección de Planificación. Esta última entidad se encarga de compilar los requerimientos de las distintas dependencias del TSE para elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo a sus funciones y competencias.
Asimismo, se destaca que todo lo relacionado con el ámbito informático, incluida la adquisición de bienes y servicios, corresponde a la Dirección General de Informática. Esta dirección es responsable de la planificación del software o programa informático para el evento electoral, según lo establecido.
Actuación Apegada a Procedimientos
El TSE insiste en que actuó de conformidad con el procedimiento para la contratación directa de bienes, servicios o suministros durante los períodos preelectoral y electoral, respaldado por el acuerdo número 631-2022 del TSE. Los dictámenes jurídicos, técnicos y presupuestarios, según la institución, respaldan la validez de su actuación en el ámbito informático.
En cuanto a la adjudicación a la empresa, el TSE asegura que se siguió el procedimiento establecido por la Junta Receptora de Ofertas, cumpliendo con los requisitos generales y técnicos solicitados por la Dirección General de Informática.
El Segundo Posible Hallazgo y su Contextualización
La Contraloría presenta un segundo posible hallazgo relacionado con el uso de laptops adquiridas que no se destinaron a procesos electorales, generando un monto considerable no utilizado. Frente a esto, el TSE argumenta que esta adquisición se hizo para atender necesidades específicas, según las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Dirección General de Informática.
Conclusiones y Perspectivas
En conclusión, la transparencia en la adquisición de software electoral es fundamental para garantizar la eficiencia y legitimidad de los procesos electorales. La Contraloría plantea inquietudes legítimas, pero el TSE sostiene que sus acciones estuvieron alineadas con los procedimientos establecidos.
Este análisis detallado busca arrojar luz sobre la complejidad de la situación, destacando la importancia de una gestión eficiente de recursos en eventos electorales. El debate entre la Contraloría y el TSE continuará, pero es esencial recordar que el objetivo final es fortalecer la democracia a través de prácticas transparentes y responsables.
Fuente: La Hora
