La Intendencia de Verificación Especial (IVE) es una instancia que puede ser clave para el combate a la corrupción, debido a que, por sus facultades legales para evitar el lavado de dinero, puede seguir el rastro financiero de recursos en los bancos del sistema nacional.
La IVE, incluso es vital en la lucha contra las extorsiones puesto que puede rastrear depósitos voluminosos que levanten sospechas. Solo en los primeros tres meses de 2024, detectó transacciones sospechosas por más de Q1 mil 625 millones, de acuerdo con un reporte de la institución.
Las funciones de la IVE -dependencia de la Superintendencia de Bancos (SIB)- las especifica la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, entre estas figuran, requerir o recibir de personas obligadas, cualquier información relacionada a transacciones financieras sospechosas de lavado.
También, presentar las denuncias ante las autoridades y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento y estén en su poder, así como intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos.
Otra obligación de la IVE es proveer al Ministerio Público (MP) asistencia requerida para el análisis de información que posea y coadyuvar con la investigación de los actos o delitos relacionados con el lavado de dinero u otros activos.
Sin embargo, a la fecha la IVE parece no haber hallado indicio alguno de transacciones sospechosas de lavado de dinero en contra de ningún funcionario de la administración anterior o sus aliados.
En ese sentido, Saulo De León encargado de la IVE, a decir de fuentes con conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citadas, es la llave con la que se protegen varios personajes, entre ellos el diputado Felipe Alejos, así como la pareja del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, sobre quienes aún no hay investigaciones en su contra en el Ministerio Público (MP), o que no avanzan los intentos en el sistema de justicia.
SANCIONADOS
Esta falta de reportes de transacciones sospechosas -similar a la falta de investigaciones en el MP- contrasta con las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido en contra de exfuncionarios de Alejandro Giammattei o sus allegados.
También, discuerda de la buena cantidad de denuncias de sectores sociales y de la prensa de posibles hechos de corrupción de la administración pasada que habrían implicado movilizar millones de quetzales, para lo cual sería casi imposible no utilizar el sistema bancario nacional.
Un ejemplo es Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, quien fue sancionado el pasado 1 de diciembre bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro detalló el día que hizo pública la sanción que se emitió por la compra de las vacunas rusas contra el COVID-19, Sputnik-V, entre otros temas.
“Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, dijo en esa oportunidad el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson, detalla la nota publicada en el sitio de internet de la OFAC.
“Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik-V por parte del Gobierno de Guatemala”, añadió.
Pero, aparte de las posibles irregularidades en la compra de las vacunas, Martínez también es relacionado con empresas que durante el gobierno de Giammattei multiplicaron sus ingresos producto de contratos firmados con el Estado.
Una de estas es Asfaltos y Petróleos (Aspetro), que dos de sus propietarios son allegados a Martínez y también fueron sancionados por Estados Unidos.
Esta empresa recibió contratos arriba de los Q2 mil 14 millones solo en los cuatro años del gobierno pasado, un aumento de más de 3,000% en comparación con lo que recibió en el gobierno de Óscar Berger (2005-2008), desde cuando comenzó a dar servicios al Estado.
La farmacéutica La Botica muestra un comportamiento similar. A esta se le señala de tener vínculos con otro amigo de Martínez, Jairo Ernesto Ponce Fernández, conocido como “Cuto”, por su perfil en Facebook y a quien, en su honor, se inauguró un puente en Sacatepéquez con ese sobrenombre.
Esta compañía también vio incrementados sus ingresos de manera exponencial durante los cuatro años de gestión de Giammattei. Del 2020 al 2023, según el sitio Guatecompras, se le adjudicaron contratos por Q547.9 millones, un aumento de más del 3,200% en relación con los cuatro años previos.
Hasta el 04 de abril se cumplieron 80 días sin que hasta ahora el MP dé a conocer si existe alguna posible investigación en contra de la pareja del expresidente Giammattei, que en una oportunidad se refirió a la Fiscal General como su «amiga».
MÁS SANCIONADOS
Otra de las figuras allegadas a la administración pasada que también fue sancionado bajo la Ley Magnistky es el diputado Felipe Alejos, a quien la Corte Suprema de Justicia, en múltiples ocasiones, ha librado de retirarle el derecho de antejuicio.
En abril de 2021 la OFAC lo sancionó, presuntamente, por facilitar sobornos y pagos a diputados por parte de constructoras a quienes se les otorgaría contratos de infraestructura estatal. Esto con el objetivo de asegurar el apoyo en el Congreso de los magistrados de la Corte Constitucional para garantizarse inmunidad en el futuro.
En el caso del diputado, las intenciones de buscar levantarle la inmunidad, no han avanzado. Varios de los exmagistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (que lideró Silvia Patricia Valdés), impidieron en 4 ocasiones que un antejuicio en su contra por el caso Traficantes de Influencias prosperara.
«Este grupo se dedicaba a ofrecer a empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión en la SAT, y para agilizar sus solicitudes y devolución de crédito fiscal, obtenían un trámite preferencial con la intervención de Giovanni Marroquín Navas y sus contactos, explicó en su momento la Fiscalía. Por esto recibieron comisiones ilícitas, las cuales eran repartidas entre los servidores públicos e intermediarios», mencionaba una nota de La Hora.
Asimismo, en enero pasado, Alberto Pimentel, exministro de Energía y Minas de Giammattei también fue sancionado bajo la Ley Magnistky.
Al exfuncionario se le señala de haber utilizado su posición oficial para “explotar el sector minero guatemalteco mediante esquemas de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras”.
Aparte de estos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro, otro grupo grueso que incluye a diputados y exdiputados aliados de Giammattei y Martínez también se les ha retirado la visa bajo otras leyes estadounidenses, entre estas la que dio vida a la Lista Engel, en donde se incluye a actores corruptos o señalados de socavar las instituciones del Estado y la democracia.
SIN RESPUESTA
En un artículo publicado el pasado 27 de febrero, La Hora consigna que se buscó una entrevista con De León, el exjefe de la IVE y ahora superintendente de Bancos (SIB), a quien se le consultaría sobre una serie de reuniones que sostuvo con el expresidente Giammattei, por lo menos 15, en la Casa Presidencial, después de las cuales fue promovido de la IVE a la SIB.
Sin embargo, aunque la plática ya había sido pactada, la canceló a último minuto. En su lugar, otro funcionario de la SIB atendió a este medio, pero la entrevista ya no continuó después de que dijera que no podía responder a la pregunta de cuántas denuncias había presentado la IVE, dirigida por De León, por transacciones sospechosas de Miguel Martínez, o de empresas o personas allegadas.
La entrevista ya no fue reprogramada.
Fuente: lahora.gt
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