El Ministerio Público (MP), de María Consuelo Porras, cumple 300 días, a la sombra del caso B410 sin presentar resultados en alguna investigación contra Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, desde que el exmandatario dejó el poder el pasado 14 de enero. En tanto, el ente investigador optó por desestimar una denuncia que los señalaba a ambos.
Martínez y Giammattei tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”. Pese a los múltiples señalamientos evidenciados por la prensa nacional e internacional, el MP no ha emprendido ninguna pesquisa en contra de Giammattei, quien goza de inmunidad, ni de Martínez, a quien el MP justificó que lo investigará hasta que EE. UU. lo denuncie.
El pasado 23 de octubre, La Hora dio a conocer que el MP tiene al menos nueve casos en investigación en los cuales se «hace mención del nombre» de Giammattei y Martínez. No obstante, el ente persecutor no ha solicitado el retiro de inmunidad del expresidente de Guatemala para así iniciar la averiguación de los primeros indicios de un caso de presunta corrupción.
FISCALÍA CLAVE TIENE CASOS QUE LOS MENCIONA
Es la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige el fiscal Raúl Figueroa, quien tiene las investigaciones que los «menciona». La misma unidad del MP que en el último año desestimó dos denuncias contra Giammattei y una contra Martínez por supuestos actos de corrupción. Ahora, deberá averiguar sobre los supuestos vínculos que les apuntan.
Dicha Fiscalía desestimó la denuncia que el excandidato a la presidencia, Roberto Arzú, presentó contra Giammattei, Martínez, particulares y exfuncionarios de su gobierno por supuestamente conformar «una supuesta estructura destinada a saquear al Estado y enriquecerse de manera ilícita a través de contrataciones de obras públicas y servicios».
Esta es la segunda investigación de la cual el exmandatario se libra, puesto que el MP meses atrás desestimó el caso «Alfombra Mágica», en el cual estaba involucrado por presuntamente recibir una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra, a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
MP SE NIEGA A INVESTIGAR
Sobre Martínez pesa una sanción del Departamento del Tesoro de EE. UU., bajo la Ley Magnistky, en la cual se le señala de confabular con otros funcionarios de la administración de Giammattei otorgando contratos para su beneficio.
Además, habría solicitado «grandes sobornos» en la compra de las vacunas rusas contra el COVID-19. En consecuencia, tiene prohibido el ingreso a ese país y le fueron congelados los activos.
«En 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco», precisó dicha oficina.
Por su parte, el MP dejó en claro a este diario que no iniciará una investigación de oficio alguna en contra de Martínez hasta que los hechos sean denunciados por Washington o cualquier otra persona.
CASO B410
En septiembre, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) develó el caso denominado B410, un entramado de defraudación al fisco y que se consolidó como el más grande caso de evasión de impuestos en el país.
Dentro de la denuncia de la SAT resalta Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A., entidad vinculada a Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.
En julio de 2022, los socios de la firma, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva —padre e hijo—, fueron incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalados de ser actores corruptos o antidemocráticos.
Posteriormente, La Hora publicó una nota en la cual menciona que, la sanción a los señores López obedeció, en parte, a la relación que estos tenían con el exjefe del Centro de Gobierno.
Cuando los López fueron sancionados, el Departamento de Estado los acusó de incurrir en una “importante corrupción, al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno”.
Y en efecto, Aspetro se convirtió en una de las constructoras favoritas durante 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con información registrada en el portal Guatecompras. En esos años recibió contratos por Q1 mil 755 millones. Durante todo el gobierno de Giammattei fueron Q2 mil 14 millones.
Otras publicaciones periodísticas también relacionan a Aspetro con Martínez, el extinto medio elPeriódico publicó, en marzo de 2022, que un “constructor allegado al presidente Giammattei y a Miguel Martínez” obtuvo contratos por Q196 millones, en referencia a López Oliva.
La nota de prensa cita que, “extraoficialmente se menciona que López Oliva forma parte del grupo de constructores que habrían facilitado al gobernante la vivienda en la que habita desde finales de 2019, una amplia residencia ubicada en la colonia Vista Hermosa I de la zona 15 capitalina”.
RED Q: EL ÚLTIMO CASO
El pasado 4 de noviembre, el gobierno de Bernardo Arévalo presentó un nuevo caso de presunta corrupción y que vincula a Giammattei y Martínez con Melvin Ernesto Quijivix Vega, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Las autoridades detallaron que la denuncia penal por los delitos presuntamente cometidos por Giammattei es por abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Quijivix, quien ya había sido sancionado por EE. UU., fue denunciado por abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.
Mendoza explicó que Quijivix ocupó un cargo que no existía. Incluso, pidió ser indemnizado sin haber cumplido funciones, señalaron las autoridades. La plaza 022 fue autorizada por Giammattei.
Las autoridades del gobierno de Arévalo indicaron que la creación de la plaza fantasma de Quijivix derivó cuando el Centro de Gobierno cerró en 2020 tras fuertes criticas por la figura de Martínez al frente.
Fuente: lahora.gt
