La reciente votación apresurada para retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha desencadenado una oleada de acciones legales y cuestionamientos en Guatemala. En una movida sin precedentes, 14 abogados y ciudadanos han presentado un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los diputados que votaron el 30 de noviembre, generando un intenso debate sobre la legalidad de este proceso.
El Amparo: Un Intento por Restaurar la Justicia
El amparo presentado tiene como objetivo principal dejar sin efecto las decisiones tomadas por los 108 congresistas que levantaron el antejuicio contra las autoridades electorales. Los demandantes, respaldados por el artículo 49 literal a de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, solicitan la suspensión definitiva o temporal de la inmunidad de los magistrados del TSE.
Magistrados en la Mira: Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco
Los magistrados en el centro de la controversia, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, ahora enfrentan la investigación del Ministerio Público (MP). Curiosamente, tras conocer la decisión de los congresistas, optaron por salir del país, generando especulaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de este proceso.
Anomalías y Controversias: La Evidencia del Amparo
Los abogados demandantes argumentan que el Congreso cometió una serie de ilegalidades en la tramitación de los antejuicios. Desde ignorar la ley aplicable hasta ejercer facultades sin cumplir los requisitos mínimos, se sostiene que estas irregularidades evidencian un motivo ulterior en la actuación del Congreso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también destaca la importancia de considerar el contexto político en la destitución de magistrados electorales.
Amenazas y Obstrucciones: El Contexto de la Persecución
Durante el proceso, el presidente de la Comisión Pesquisidora, Enrique Montano, denunció amenazas e irregularidades. Se señala que la persecución a los magistrados tenía como objetivo impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumiera el cargo el 14 de enero. Estas denuncias agregan un elemento de complejidad y posible motivación política a todo el escenario.
Repercusiones Internacionales: Retiro de Visa y Ley Magnitsky
Los ataques contra los resultados electorales no solo han captado la atención nacional, sino también la de organismos internacionales y ciudadanos preocupados. Estados Unidos, al observar de cerca las decisiones del Congreso, optó por retirar la visa a más de 100 congresistas, incluyendo figuras como Álvaro Arzú Escobar y Lázaro Zamora. Además, la Ley Magnitsky se aplicó a Miguel Martínez, pareja del presidente Alejandro Giammattei, desencadenando una serie de tensiones diplomáticas.
Denuncia Inicial: Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)
La denuncia que desencadenó este proceso legal fue presentada por Giovanni Fratti y Karen Fischer. Alegan anomalías en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), aunque no han proporcionado pruebas concretas que respalden sus sospechas.
En conclusión, el proceso legal que rodea el retiro de inmunidad a los magistrados del TSE es complejo y lleno de controversias. La presentación del amparo busca corregir las presuntas irregularidades y motivaciones políticas detrás de la destitución de estos funcionarios clave. El impacto a nivel internacional, con la retirada de visas y sanciones, añade un componente geopolítico a esta situación ya de por sí tumultuosa.
Fuente: La Hora
