Cierto, y hay que decirlo desde el principio, no todo el Gobierno participa activa y entusiastamente de la fiesta, por un lado porque no son sus directos y principales organizadores; por otro, porque como me dijo recientemente un aún funcionario de nivel intermedio, hay cuestiones más acuciantes y angustiantes que enfrentar y en las que es urgente actuar.
Pero lo anterior no quita que al sumarse con gusto, alegría y entusiasmo a las celebraciones de la «primera ciudad» fundada en Guatemala por los invasores españoles en 1524, el Ministerio de Cultura y Deportes esté promoviendo de manera abierta y clara la falsa explicación y justificación que la ideología criolla ha dado a esa invasión durante estos quinientos años. Tampoco justifica que en las demás instancias públicas se haya hecho soberano mutis respecto al impacto social, cultural y humano que tuvo la invasión sucedida a partir de ese año. Y esto no solo tiene que ver con el Ministerio de Educación y su flamante Viceministerio de Educación Bilingüe, que no fue creado para imponer el inglés como segunda lengua ─como velada y hasta abiertamente se ha hecho en los últimos tres gobiernos─, sino para dotar a los descendientes de los pueblos originarios y mestizos de sus áreas de influencia del dominio intelectual de sus idiomas, permitiendo con ello construir una identidad multiétnica y multinacional. Pero el silencio también se nota en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y demás instancias gubernamentales que tienen que ver con la construcción de un discurso y un relato apegado a la realidad histórica del país.
Callar el genocidio que, en aras del enriquecimiento rápido, realizaron los conquistadores y posteriormente sus descendientes, es asumir abierta y deliberadamente la ideología criolla, esa que durante quinientos años ha venido justificando las masacres, la tortura y la esclavitud con «así era entonces» y «salimos ganando porque nos civilizaron». La destrucción intencional de centros ceremoniales, la imposición violenta de una religión y el intento permanente por eliminar los idiomas de los pueblos originarios está más que documentado en las propias narrativas de los conquistadores, como denunciadas por valientes cronistas, quienes, como Francisco Ximénez, no solo recuperaron las cosmovisiones, creencias y prácticas culturales de los pueblos originarios de la región que hoy llamamos Guatemala, sino que se atrevieron a denunciar esos crímenes, mismos que aún en el siglo XVIII, doscientos años después de la invasión, eran práctica común y corriente en el ejercicio del poder colonial.
Callar es conceder, y es lo que parece ser la intención ideológica del actual Gobierno, paradójicamente llegado al poder como consecuencia directa de la movilización activa y decidida de los descendientes directos de aquellos pueblos originarios. Pero si callar es asumir esa ideología, que desde el organismo de Estado responsable de las cuestiones culturales y, en consecuencia, ideológicas e históricas, se participe y promuevan eventos conmemorativos, es hacer público, ante propios y extraños, que el actual Gobierno está comprometido de manera consciente y estratégica, como lo han estado los tres anteriores, en imponer la ideología criolla que no solo justifica la invasión sino que la llega a considerar benefactora.
Si bien es posible que no se tenga el coraje y dignidad suficiente para demandar ─atenta y respetuosamente, como lo hizo el Gobierno mexicano en su momento– un pedido de perdón público al jefe de Estado descendiente de aquellos monarcas que promovieron y se beneficiaron del saqueo y genocidio de nuestros ancestros (no vaya a ser que exijan al presidente Arévalo la devolución de la hermosa guitarra que ese rey le obsequió al visitarlo), al menos se tendría que tener la claridad histórica para aprovechar esta efemérides para reivindicar a los miles de víctimas de aquella sangrienta invasión.
El reguero de muertos, pueblos arrasados e incendiados, el saqueo, la esclavitud y expoliación de los reinos invadidos no se detuvo un solo momento, fue permanente y continuo durante los trescientos años de dominio español y se prorrogó inclemente durante la República, dirigida y controlada siempre por los descendientes de los invasores y colonizadores posteriores. El genocidio riosmonttista es una consecuencia directa de ello, y no debemos engañarnos al creerlo un hecho aislado o consecuencia de mentes desquiciadas. Fue producto de una manera racista de ver a los descendientes de los pueblos originarios como infrahumanos, pero, a la vez, como irredentos seguidores de Satanás, dispuestos a enfrentar al agresor, a pesar de saber que sus fuerzas y armas no eran capaces de llevarles a la victoria.
Porque la resistencia de los vencidos también ha sido permanente. Las movilizaciones contra la jefa del Ministerio Público y sus esbirros, así como la exigencia porque la Presidencia se entregara al ganador es una clara muestra de ello. Lástima que el actual gobernante, así como su cerrado y amplio círculo de asesores, no hayan sido capaces, aún, de entenderlos a la luz de la historia social del país.
Desmontar la irresponsable y falaz celebración que en La Antigua quiso hacerse para conmemorar «alegremente» la invasión resultó fácil. La ciudad de Santiago se fundó más de dos décadas después de iniciada la invasión y solo los mentirosos y oportunistas, o los desavisados, se sumaron al festival creyéndolo una conmemoración. Lamentablemente, la confusión se mantuvo en Tecpán, toponimia de origen nahua que traducido al español significa «sobre la piedra», impuesto por el invasor a la región donde se asentaba el centro ceremonial kaqchikel de Iximché, nombre originario que la ideología criolla nunca ha querido recuperar como el nombre real de la localidad. Preservar la toponimia nahua y castellana en lugares que antes de la invasión tenían su propia identidad es, no solo un claro ejemplo de su aceptación acrítica y sumisa, sino una actitud por insistir en borrar de nuestra cultura aquellas identidades que nos son propias y ancestrales.
Todo lleva a concluir que, por acción u omisión, el Gobierno actual ha decidido sumarse al intenso y cotidiano esfuerzo que por quinientos años han hecho los criollos y sus descendientes por vendernos una conquista y colonización cargada de «la paz y el amor» del cristianismo. Sin embargo, mal que bien, con mucha sangre y dolor de por medio, los descendientes de los pueblos originarios y los mestizos han insistido, insisten e insistirán en reivindicar su historia, señalar sin temor a los genocidas y explotadores, y exigir justicia y resarcimiento. Tal vez por temor a ello el actual Gobierno, su partido, sus asesores y adláteres se negaron desde un principio a usar el único instrumento capaz de sacar a la golpista Consuelo Porras del cargo: la consulta popular.
Fuente: gazeta.gt
