El reciente ajuste al proyecto de Presupuesto General por parte de la alianza oficialista en el Congreso de la República ha suscitado preocupaciones y críticas por parte de analistas y diversos sectores civiles. Desde la modificación, organismos como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) han señalado una serie de irregularidades que podrían impactar significativamente en la estabilidad económica del país.
Autorización para Bonos del Tesoro: Una Preocupación Inminente
Uno de los aspectos críticos identificados por los expertos es la autorización previa que debe solicitar el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso para la colocación de Bonos del Tesoro. El Comité Coordinador Cacif advierte que la falta de aprobación oportuna podría generar incertidumbre, dejando al Estado en una posición comprometida para cumplir con sus obligaciones financieras. Este escenario, según el sector empresarial, podría afectar negativamente la reputación y calificación del país en los mercados financieros internacionales.
Fundesa, por su parte, destaca que el próximo año vencen Bonos del Tesoro por un total de Q6 mil 260 millones, cuya no renegociación podría impactar directamente en la calificación de riesgo país.
Opacidad en los Fondos para Obras: ¿Una Gestión Cuestionable?
Otra preocupación expresada se centra en los fondos destinados a obras del Ministerio de Comunicaciones, especialmente aquellos que no estaban inicialmente contemplados en los planes de dicha cartera. El diputado de VAMOS, Cándido Leal, presentó una enmienda para asignar Q2 mil 536 millones al pago de deuda de contratos de arrastre, generando interrogantes sobre la transparencia y justificación de dichos recursos.
Adicionalmente, se señala la inclusión de nuevas organizaciones no gubernamentales sin criterios claros para recibir fondos públicos, lo que agrega un elemento de opacidad y cuestionamiento a la gestión presupuestaria.
Incrementos sin Justificación Técnica: Riesgos para la Estabilidad
El Icefi advierte sobre incrementos a varias entidades gubernamentales, como el Ministerio Público, realizados sin una justificación técnica. Esta situación, según el Instituto, revela una posible motivación política, ya que las instituciones del Ejecutivo no deberían exceder sus techos presupuestarios sin fundamentos técnicos sólidos.
Impacto en la Comunicación Social
El Instituto también destaca las restricciones impuestas a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en la contratación de medios de comunicación televisivos y radiales, limitándola a aquellos con cobertura nacional y gratuita. Según el Icefi, estas restricciones carecen de sustento y justificación técnica, lo que plantea interrogantes sobre su validez y necesidad.
Ilegalidades que Aumentan la Rigidez Presupuestaria
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) identifica ilegalidades, como la limitación de transferencias a varios ministerios, incluyendo Salud y Desarrollo Social. Estas restricciones, según el CIEN, aumentan la rigidez de los presupuestos y generan efectos negativos en la capacidad de respuesta de dichas entidades a las necesidades emergentes.
Además, la discrecionalidad para el pago de la contratación de personal en el Ministerio de Salud, evidenciada en los artículos 119 y 125 del Presupuesto General, plantea desafíos adicionales para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Garantizando la Transparencia y Legalidad
En conclusión, la modificación al proyecto de Presupuesto General presenta desafíos significativos que deben abordarse para garantizar la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas. Es imperativo respetar las disposiciones técnicas establecidas en la Ley de Servicio Civil, la de Contrataciones y la de Presupuesto, así como otras leyes ordinarias, para asegurar que las asignaciones de recursos se realicen conforme a las prioridades con respaldo técnico y legal.
Fuente: La Hora
