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Los delitos ambientales, como la minería y la tala ilegal, son el tercer tipo de actividad criminal más grande en el mundo y generan hasta 281 mil millones de dólares en ganancias cada año. Esta es una cifra impactante que pone de manifiesto la magnitud de un problema que a menudo pasa desapercibido en comparación con otros delitos más mediáticos, como el tráfico de drogas o el crimen organizado. En este artículo, profundizaremos en la naturaleza de los delitos ambientales y su alcance global, destacando la importancia de abordar esta creciente amenaza.

La Alcance Global de los Delitos Ambientales

Los delitos ambientales abarcan una amplia gama de actividades ilegales que causan daño al medio ambiente y socavan la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Entre los delitos ambientales más comunes se encuentran la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca no regulada, el comercio de vida silvestre y la contaminación ambiental. Estas actividades no solo tienen un impacto devastador en la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también afectan negativamente a las comunidades locales que dependen de estos recursos naturales.

El informe “Descubriendo el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos medioambientales en el Perú y Colombia,” elaborado por la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), arroja luz sobre la escala de estos delitos en América Latina. Contrario a la percepción generalizada de que los delitos ambientales son de “bajo riesgo y alta recompensa,” el informe destaca los desafíos significativos que dificultan la investigación y el procesamiento de estos delitos.

El Papel de Estados Unidos en los Delitos Ambientales

Los Estados Unidos, como la economía más grande del mundo y el principal proveedor de secretos financieros, desempeñan un papel crucial en la lucha contra los delitos ambientales. Los delincuentes ambientales a menudo utilizan la opacidad financiera para ocultar su identidad, facilitar sus operaciones y lavar las ganancias obtenidas de actividades ilegales. Este aspecto no debe subestimarse, ya que el secreto financiero contribuye en gran medida a la impunidad de estos delincuentes.

Más de 100 miembros de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), incluyendo destacadas organizaciones ambientales, han abogado por políticas que combatan los impactos dañinos de las prácticas financieras corruptas. Estas organizaciones están comprometidas en poner fin a la degradación del medio ambiente y a la explotación de recursos naturales de manera ilegal.

El Caso Ocho Sur: Un Ejemplo de Facilitación Financiera

Un ejemplo revelador de cómo los actores financieros de Estados Unidos están involucrados en delitos ambientales es el caso de Ocho Sur, una empresa estadounidense con sede en Connecticut. Esta empresa actuó como facilitador financiero de plantaciones de aceite de palma reiteradamente incumplidoras en la región peruana de Ucayali.

La plantación en cuestión es propiedad de Ocho Sur, el segundo mayor productor de aceite de palma en Perú, y ha operado plantaciones en tierras indígenas desde 2016. A finales de 2020, más de 17,000 acres de bosque en territorio indígena se perdieron como resultado de estas operaciones ilegales. Cuando el Gobierno peruano finalmente intervino para detener la operación, las plantaciones fueron simplemente vendidas y reorganizadas bajo una nueva entidad corporativa.

Esta acción fue respaldada una vez más por Anholt Services, así como por otro inversor estadounidense, Amerra Capital Management, miembro de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ocho Sur es una filial de Peruvian Palm Holdings, una empresa de las Bermudas cuyos directivos están vinculados a Amerra Capital. La opacidad de la reestructuración obstruyó los esfuerzos del gobierno por detectar y poner fin a estas prácticas engañosas.

La destrucción de la Amazonia peruana continuó en beneficio de los financieros estadounidenses, como revela el informe de FACT. Actualmente, la plantación enfrenta denuncias ante las Naciones Unidas y los tribunales peruanos por parte de comunidades indígenas que afirman haber sufrido pérdidas de numerosas hectáreas de tierra.

La Necesidad de una Agenda Integral de Reformas

El informe de FACT no solo pone de manifiesto la magnitud del problema, sino que también propone una agenda integral de reformas en Estados Unidos para abordar la facilitación financiera de delitos ambientales. Estas reformas son esenciales para prevenir que los delincuentes ambientales sigan causando estragos en los ecosistemas y comunidades vulnerables.

Conclusión: Un Llamado a la Acción

Los delitos ambientales son una amenaza global que no puede ser pasada por alto. Su alcance es vasto, y su impacto en el medio ambiente y las comunidades locales es devastador. Estados Unidos, como líder económico mundial, tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas para combatir la facilitación financiera de estos delitos.

El informe de FACT arroja luz sobre la necesidad de una mayor transparencia y regulación en los flujos financieros que permiten a los delincuentes ambientales escapar de la justicia. La historia de Ocho Sur es un ejemplo elocuente de cómo los actores financieros estadounidenses están involucrados en estos delitos y cómo la opacidad financiera facilita su impunidad.

Es imperativo que se tomen medidas enérgicas para detener la degradación del medio ambiente y proteger los recursos naturales que son esenciales para la sostenibilidad del planeta. La cooperación a nivel nacional e internacional es esencial para abordar esta creciente amenaza.

En resumen, los delitos ambientales son un problema global que requiere la atención y la acción de todos. La lucha contra estos delitos es fundamental para preservar nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Fuente: Servindi