La jueza duodécimo penal B, Wendy Coloma, actualmente se encuentra en la mira del Ministerio Público (MP) que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras. En los últimos dos años, el ente investigador ha presentado la solicitud de retiro de inmunidad en contra de tres juzgadores por denuncias calificadas tanto a lo interno como a lo externo del país como «espurias» y, derivado de ello, ahora estos se encuentran viviendo en el exilio.
La nueva «persecución penal» que busca emprender la Fiscalía recae en la recién conformada Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por el magistrado Oscar Cruz, la cual deberá decidir si le da trámite al antejuicio presentado por el MP en contra de la jueza, o si lo rechaza.
En el caso de que la decisión sea adversa para el órgano encargado de la persecución penal, se cerraría en primera instancia la vía para retirarle la protección que la Constitución de la República le otorga a Coloma.
PORRAS EN DESACUERDO CON LA JUEZA
El pasado 16 de enero, el exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, quien fue capturado por supuestamente haber incumplido una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de desalojar a manifestantes que exigían la renuncia de Porras, ante la ofensiva del MP en contra de los resultados de las últimas elecciones generales 2023.
El caso fue conocido por Coloma, quien declaró la falta de mérito a los cargos que la Fiscalía señalaba en contra del exjefe de la cartera del Interior, y ordenó su libertad.
Casi un mes después de haber recibido fallo adverso, el ente investigador y presentó una solicitud para el retiro de la inmunidad de la juzgadora. La señalan por el supuesto delito de resoluciones violatorias a la Constitución.
La denuncia fue cuestionada por abogados, quienes indicaron que si no se compartía la decisión de Coloma, se debía apelar en una Sala. Es decir, utilizar los recursos legales ante una judicatura de mayor jerarquía para lograr una resolución acorde a sus intereses, pero no denunciarla.
«La Fiscalía considera que la jueza no emitió la resolución apegada a derecho ni a las constancias procesales, no aplicó la ley en forma correcta, mucho menos la sana crítica razonada», informó el MP en un comunicado. Por su parte, Coloma, en audiencia de primera declaración, sostuvo que el ente investigador no pudo demostrar que Barrientos incurriera en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.
INSTRUMENTALIZAN ANTEJUICIO
En 2022, los juzgados de Mayor Riesgo perdieron a dos jueces. Erika Aifán fue la primera en irse al exilio argumentando una persecución en su contra. En marzo de ese año, anunció desde Estados Unidos que estaba en el exilio.
El exjuez Miguel Ángel Gálvez siguió a Aifán. Él ligó a proceso penal al expresidente Otto Pérez Molina en 2016, pero fue denunciado en 2022 tras enviar a juicio a nueve militares procesados en el caso Diario Militar.
La Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultraderecha señalada de perseguir a detractores del gobierno que encabezó Alejandro Giammattei, accionó en contra del juzgador.
Lo mismo sucedió con el exjuez Carlos Ruano. La FCT fue la encargada de denunciar al exoperador de justicia, esto en defensa de la ahora exmagistrada Blanca Stalling, quien enfrentó un proceso penal por presionar a Ruano para que beneficiara a su hijo, Otto Molina Stalling, quien afrontaba juicio ante un tribunal de sentencia penal por el caso IGSS-Pisa. Gálvez y Ruano también se encuentran en el exilio.
Herbert Pérez, el abogado que llevó la defensa de Gálvez y Ruano, consideró que «es evidente el uso y la instrumentalización del derecho penal como una herramienta de castigo». Lo anterior también lo señaló la Misión Internacional de Jueces que visitó a Guatemala en 2022.
«El derecho procesal penal establece las vías y las herramientas así como los recursos cuando una de las partes considera que existe un agravio entrecomillas jurídico, las partes entonces pueden hacer uso de los recursos cuando existe o cuando se considera que existe un agravio en contra», indicó Pérez sobre el MP.
El profesional del derecho apuntó que la Fiscalía «se excede y abusa de la figura de la solicitud de antejuicio porque considera que esta puede ser una herramienta ejemplo para las demás judicaturas, es decir, ejemplifica que lo que sucede en contra de esta judicatura le puede suceder a las demás si emite resoluciones contrarias a sus intereses».
Ante esta situación, dijo: «cabe la pregunta: ¿los jueces entonces deben velar por los intereses del Ministerio Público o por los intereses de la Constitución y de las leyes?».
UN MENSAJE DETRÁS
Renzo Rosal, analista político, dijo que detrás del antejuicio presentado hay un mensaje para los funcionarios judiciales.
«El mensaje que plantea es seguimos teniendo el control del sistema de justicia y con ellos vamos a hacer y deshacer, para mantener la vigencia del sistema como tal. Y el segundo es para los jueces y magistrados que se salgan de la línea del MP: van a ser sujetos de una persecución».
En una pasada entrevista con La Hora, el exjuez Ruano coincidió con Rosal y sostuvo que el retiro de inmunidad es un “claro mensaje” para los demás jueces: “usted no denuncie las presiones. Sea obediente, ceda, haga los favores o reciba algo a cambio, porque si usted es honesto, íntegro, y denuncia, le va a pasar esto. Quieren jueces dóciles, sumisos y que respondan a sus intereses”, indicó.
El analista político explicó el modus operandi del ente encargado de la persecución penal. «El Ministerio Público utiliza las armas que tiene a su favor. Ese uso lo ha logrado capitalizar de forma permanente el ente investigador, y ahora usa su armamento y el de los aliados como la Corte Suprema de Justicia, Salas y Corte de Constitucionalidad», dijo.
Sobre la resolución de la jueza Coloma, Rosal precisó en que el régimen de impunidad sigue vigente y no se modificó ni modificará por el resultado electoral y la llegada de Bernardo Arévalo al poder. «Una cosa es el cambio de Gobierno y otra cosa es el régimen, el tacuche mayor es el régimen y sigue controlado por el MP», concluyó.
Fuente: lahora.gt
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