Alertan de limitaciones e ineficiencia del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
Familiares de los líderes indígenas Santiago Contoricón y Quintu Inuma informaron que siguen siendo amenazados y que el mecanismo para la protección de defensores no garantiza condiciones de calidad para sus familias.
Tanto Santiago Contoricón (Junín) y Quintu Inuma (San Martín) fueron asesinados en 2023, el primero por presuntamente personas vinculadas al narcotráfico y el segundo por personas relacionadas al tráfico de madera.
La esposa de Contoricón, Bernardita Vega contó a Ojo Público que el Ejecutivo se comprometió a otorgarle un apoyo económico de 50 mil soles luego de la muerte de su esposo, pero que este monto nunca llegó.
Asimismo, Bernardita Vega, dijo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió a otorgar una pensión de orfandad para su última hija, beneficio que tampoco fue otorgado, según informó la entidad porque la joven ya era mayor de edad.
La familia contó que a pesar de la muerte del líder asháninka, afrontan amenazas, motivo por el que han tenido que abandonar su comunidad. Agregaron que enfrentan solos y sin acompañamiento la búsqueda de justicia.
Si bien el defensor ambiental Quintu Inuma si contaba con el mecanismo de protección para personas defensoras, esta no fue suficiente para impedir su muerte.
Su hijo Kevin Inuma lamentó por ello las limitaciones de este mecanismo que solo enviaba policías a patrullar su vivienda.
El hermano del líder kichwa, Manuel Inuma, actual jefe de la comunidad, informó por su parte que los comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu temen por sus vidas ya que han recibido amenazas y no todos los asesinos del apu fueron capturados.
Situación similar afrontan los deudos del caso Saweto que abandonaron su territorio luego de la muerte de cuatro de sus líderes y que recibieron el compromiso del gobierno de un plan de acción para mejorar su calidad de vida que hasta ahora no es implementado.
Fuente: servindi.org
