Condenan a Colombia por violar derechos del pueblo U’wa

Una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determina que Colombia violó sistemáticamente los derechos del pueblo indígena U’wa.

El tribunal interamericano encontró a Colombia responsable por la vulneración de derechos como el acceso a un medio ambiente sano, la libre determinación de pueblos indígenas e incluso el derecho a la niñez.

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Aunque la sentencia es de diciembre de 2024, un reciente reportaje de Mongabay Latam vuelve sobre este fallo para explicar su importancia, detallar el largo tiempo de espera y recoger el llamado de cumplimiento de los indígenas.

Son casi 27 años que el pueblo U’wa tuvo que esperar para conocer la sentencia tras denunciar actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en su territorio que afectaron sus vidas y que se realizaron sin consulta previa.

El gobierno de Colombia tiene un plazo de un año para reconocer en acto público su responsabilidad por esta violación. Los indígenas también esperan sentarse junto al gobierno a definir una ruta metodológica para implementar la sentencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por violar los derechos de los indígenas U’wa

Por Antonio José Paz Cardona

Mongabay Latam, 1 de abril, 2025.- El 20 de diciembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo histórico contra el Estado colombiano y lo responsabilizó de múltiples violaciones a los derechos humanos de todo el pueblo indígena U’wa. En un documento de más de 200 páginas, el tribunal determinó que hubo violaciones al acceso a un medio ambiente sano, a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre determinación de los pueblos indígenas, la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, la vida cultural, la niñez y la protección judicial.

La Nación U’wa se ubica en el oriente de Colombia, entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. Desde principios de los años 90 han defendido su territorio y cultura ancestral, enfrentándose a proyectos de turismo y a la explotación de recursos naturales, como el petróleo y gas.

El abogado U’wa Juan Gabriel Jerez Tegria destaca que la Corte IDH le ordenó al Estado colombiano que, en un plazo de dos años, les titule el territorio, clarifique los títulos coloniales, realice un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que garantice que aquellos ubicados en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no generan impactos en el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural del Pueblo U’wa.

“Para nosotros esta sentencia significa que nuestras exigencias y nuestros derechos fueron reconocidos. Significa que ya hay una jurisprudencia que permite hacer reclamaciones más justas y directas al Estado colombiano frente a violaciones de derechos humanos y vulneraciones en nuestras comunidades indígenas”, asegura Jerez Tegria.

Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de EarthRights International —organización que ha acompañado y asesorado legalmente al pueblo indígena—, menciona que este proceso ha sido muy largo y en él han participado muchas generaciones.

“Esta sentencia de alguna manera es devolverles la fe en el sistema de Justicia. Es lograr que un tribunal internacional reconozca su narrativa y todo lo que han dicho durante tantas décadas sobre las violaciones de derechos que han padecido”, dice Bravo.

Un largo camino

Los indígenas U’wa se han opuesto a la exploración y explotación de gas y petróleo en su territorio y tuvieron que recurrir a instancias judiciales internacionales luego de agotar todos los caminos jurídicos a nivel nacional.

Heber Tegria Uncaria, vocero del pueblo U’wa, le dice a Mongabay Latam que, entre 1990 y 1993, varias empresas petroleras, entre ellas la Occidental Petroleum (OXY), empezaron a llegar al territorio indígena donde se encontraba el bloque petrolero Samoré, que se proyectaba como uno de los más promisorios para la industria de hidrocarburos en Colombia.

“Pero para el pueblo indígena U’wa la tierra es sagrada y es nuestra madre. El petróleo es la sangre de nuestra madre tierra y no se puede explotar”, afirma Tegria, y agrega que fue en ese momento cuando iniciaron un proceso de resistencia para no permitir que su territorio “sea profanado y explotado”.

Poco después combinaron sus acciones de resistencia con una búsqueda de protección judicial. “Acudimos a los organismos nacionales de Justicia: a la Defensoría del Pueblo, luego a los tribunales y después a las altas cortes en Colombia. Hubo una gran discusión jurídica, pero seguíamos sin la garantía de los derechos al territorio y a la consulta previa, libre e informada”, continúa Tegria.

El vocero del pueblo U’wa asegura que como las altas cortes no dieron garantía de esos derechos fundamentales, tomaron la decisión de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997, un proceso que culminó con un fallo de la Corte en 2024, casi 27 años después.

Juliana Bravo enfatiza que la Justicia colombiana, desde marzo de 1997, ya había determinado que las actividades extractivas en el territorio U’wa no eran legales. La Corte Constitucional emitió una sentencia donde declaró que el derecho a la consulta previa fue violado, que no se cumplió con el Convenio 169 de la OIT y ordenó que se llevará a cabo dicha consulta, pero esto nunca ocurrió.

“Hay un fallo, pero no se cumple porque continúan haciéndose proyectos sin consulta y sin las debidas garantías judiciales”, afirma Bravo. “También hubo algunos proyectos mineros y se hicieron algunas denuncias en la Justicia interna colombiana, pero no ha pasado nada”, detalla. Además, Bravo asegura que en este momento los procesos están abiertos, pero no hay ninguna respuesta del Poder Judicial. “Todo eso abrió la puerta para ir al sistema interamericano”, explica.

Un territorio que atrae a las industrias extractivas

Poco después de que se conociera el fallo de la Corte IDH, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) afirmó en un comunicado que el pueblo indígena U’wa es el primero en Colombia en haber demandado al Estado colombiano ante esta instancia internacional y que “su victoria abre el camino de las reparaciones y medidas de protección a las que este pueblo indígena tiene derecho y deja un precedente favorable para que otros pueblos indígenas de Colombia y la región puedan acudir a instancias internacionales con garantías de justicia y reparación”.

La oposición de este pueblo indígena tiene muchos capítulos, ya que el conflicto no sólo se dio con la exploración del bloque Samoré, a principios de la década de los 90. En 1998 Oxy también empezó trabajos de exploración en la zona conocida como Gibraltar y, a pesar de las protestas de los U’wa, dos años más tarde el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el Ministro de Agricultura declararon, sin consultar a los indígenas, que el área que rodea el sitio de perforación Gibraltar era una “zona de reserva petrolera”.

Entre 2002 y 2003, Oxy abandonó el bloque Samoré, pero este fue entregado a la estatal petrolera Ecopetrol, que lo delimitó nuevamente y lo dividió en dos: bloque Sirirí y bloque Catleya.

Entre 2004 y 2005, el Estado colombiano realizó reuniones de socialización para estos dos bloques, pero los U’wa rechazaron la exploración sísmica y, en general, cualquier proyecto petrolero en su territorio. A pesar de esto, en mayo de 2005 el Ministerio del Interior y Ecopetrol determinaron que Sirirí y Catleya no vulneraron los derechos de los U’wa y afirmación que en 2006 fue confirmada por el Consejo de Estado (alto tribunal en Colombia).

En 2008 el Estado otorgó el contrato de concesión minera de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa. Un año después se otorgaron dos concesiones mineras de carbón adicionales y el Ministerio de Ambiente otorgó una licencia a Ecopetrol para la construcción del gasoducto Gibraltar- Bucaramanga, el cual entró en funcionamiento en abril de 2012.

Los proyectos extractivos en territorio U’wa no pararon y también en 2012 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia a Ecopetrol para el Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes, en territorio ancestral de este pueblo indígena, que además advirtió en ese momento que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era deficiente e incompleto.

A todos los problemas con los proyectos extractivos, el pueblo U’wa también suma un conflicto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues parte de su territorio se traslapa con el Parque El Cocuy. Jerez menciona que la sentencia de la Corte IDH también le pide al Estado involucrar al Pueblo U’wa en la administración y conservación en la zona de traslape del parque, de forma que se considere su cosmovisión.

Insistir en el cumplimiento

Cuando se conoció públicamente la sentencia de la Corte IDH, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expresó en un comunicado que “acata la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reitera su compromiso con el cumplimiento de las órdenes proferidas”. Además, la agencia “expresa el sentimiento de solidaridad y empatía con los pueblos indígenas U’wa y está convencida de que la decisión de esta instancia internacional contribuirá a su reparación integral”.

Según los voceros del pueblo U’wa este ha sido el único pronunciamiento por parte de una entidad del Estado, pero no menciona cuándo se realizará el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los indígenas, un asunto para el que la Corte IDH dio un plazo de un año.

“Esperamos sentarnos en los próximos meses con el Estado para definir una ruta metodológica para la implementación de la sentencia, donde este Gobierno en particular sea coherente con todas las manifestaciones que ha hecho frente a la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Bravo.

La abogada también comenta que los U’wa y las organizaciones que los han apoyado estarán supervisando el cumplimiento de la sentencia en los plazos que dijo la Corte. Bravo hace énfasis en esto porque ha litigado casos de Colombia y otros países donde ha observado que la implementación se demora y los plazos por lo general no se cumplen.

Además, sostiene Bravo, el mayor problema siempre son las cuestiones que tienen que ver con temas estructurales como cambios en las políticas o revisión de leyes, normas y prácticas.

“Para nosotros esto es un paso más y es un triunfo desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, también tenemos claridad de que nos toca seguir exigiendo que el Estado cumpla con lo que ordena la Corte IDH. Es un triunfo que por ahora está en el papel”, sentencia Heber Tegria.

Fuente: servindi.org