La Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (ONAJEPINC) o “Justicia Indígena”, como coloquialmente se le conoce, es otra organización que difunde información falsa en diversas cuencas de la región Loreto, y hace campaña contra los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y las reservas. Su vinculación con madereros, cocaleros y otros actores ilegales parece ser innegable; sin embargo, altos funcionarios estatales como el Defensor del Pueblo, avalan con su presencia sus actividades y eventos como varemos en el presente reportaje.
La Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (ONAJEPINC) o “Justicia Indígena”, como coloquialmente se le conoce, es otra organización que difunde información falsa en diversas cuencas de la región Loreto, y hace campaña contra los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y las reservas. Su vinculación con madereros, cocaleros y otros actores ilegales parece ser innegable; sin embargo, altos funcionarios estatales como el Defensor del Pueblo, avalan con su presencia sus actividades y eventos como varemos en el presente reportaje.
Negacionistas de los PIACI en acción (y con ayuda del Defensor del Pueblo)
Por Iván Brehaut*
27 de octubre, 2024.- Caballococha, capital de la provincia Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, se encuentra a 9 horas en bote desde la ciudad de Iquitos. Es una pequeña ciudad ubicada en una de las provincias productoras de hoja de coca más dinámicas de Loreto y del Perú.
En esta zona opera la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (ONAJEPINC), que igual que la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL), se empeña en contradecir lo que el Ministerio de Cultura, científicos y organizaciones indígenas han reconocido formalmente hace años: la existencia de población en aislamiento.
ONAJEPINC es una organización creada en 2015 y desde su inicio ha mantenido una activa vida institucional, de la mano de su director Segundo Hernández Villoslada. Publicaciones de esta organización en la que se muestran a sus voceros con altos funcionarios del Estado son fácilmente accesibles en las redes sociales y páginas de entidades oficiales.
Testimonios recogidos en campo, así como documentos oficiales, señalan que los miembros de la ONAJEPINC, conocida también como “Justicia Indígena”, han sido acusados reiteradamente de interferir con la labor del Estado, cobrar sumas de dinero a comuneros por servicios que no están autorizados a brindar y por bloquear la intervención del Estado, particularmente de las autoridades agrarias, en el cumplimiento de las obligaciones que la ley le exige, como la demarcación de comunidades nativas.
Las denuncias
En Loreto, ONAJEPINC usa como argumento de entrada un discurso que resalta las falencias y debilidades del aparato estatal, particularmente de la Gerencia Regional de Agricultura de Loreto (GERDAGRI) y, por otro lado, azuza a las comunidades en contra de sus organizaciones gremiales, en este caso, la Federación de Comunidades Tikuna y Yahuas del Bajo Amazonas (FECOTYBA), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La versión de comuneros entrevistados en la cuenca del río Loretoyacu, en Caballococha, y en la Comunidad Nativa Cushillococha, señalan el discurso descalificador de Llacson Fasabi Sánchez, representante de ONAJEPINC, indicando que tanto la autoridad agraria regional como las organizaciones indígenas solo buscan despojar a las comunidades de sus terrenos e imponerles con argucias el establecimiento de reservas indígenas, es decir, el establecimiento específico de la Reserva Indígena Atacuari.
Efectivamente, las denuncias de comuneros de las comunidades de Cushillococha, Edén de la Frontera, El Sol, Santa Teresa, Santa Rita de Gallinazo, Limonero, entre otras, recogidas en campo, señalan el modus operandi de esta organización. En todas ellas se les indica que la GERDAGRI no va a realizar las acciones de titulación, demarcación o ampliación de comunidades o que los plazos que les tomará son excesivos y que en el proceso se vulnerarán sus derechos, recortando sus territorios.
Luego de ello, se ofrecen a asesorar y llevar a cabo el proceso de titulación, demarcación o ampliación, a cambio de una “colaboración voluntaria”. En ningún caso brindan un recibo o comprobante y el cobro se realiza por cada familia, no por la comunidad en general. En el caso de Cushillococha, la colaboración alcanzó una cifra superior a los 15 mil soles, hecho que les fue increpado públicamente en una reunión a la cual asistieron la GERDAGRI, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades locales.
En una entrevista concedida a este medio, se le preguntó a Llacson Fasabi cómo financiaban las labores sociales que dice realizar ONAJEPINC. Así, éste reconoció que las comunidades les brindaban apoyo económico, pero que este era voluntario. Por otro lado, criticó nuevamente a las organizaciones indígenas:
“Hay comunidades que necesitamos el soporte y el apoyo del Estado, pero por falta de conocimiento, y que el Estado no llega con sus antropólogos, con sus profesionales eficientes de esta instancia, hacemos un desconocimiento total y de esto aprovechan las organizaciones como ORPIO, AIDESEP, y hacen que ellos hagan ver otra realidad… (…) la gente aquí está en contra de la ley PIACI, porque la ley PIACI es una zona de reserva y las zonas de reserva son áreas intangibles, que más adelante las comunidades, [pueden pretender] Todo es su territorio, ahí es su casa, su hogar, su farmacia, su hospital, en el territorio encuentras todo. De una forma, imagínate si lo van a privatizar, si va a ser algo que ya va a ser intangible, de entrar, de gozar, porque va a ser sumamente restringido…”
Como se ha publicado previamente, las restricciones al uso tradicional de los recursos por parte de poblaciones indígenas dentro de las reservas PIACI no están prohibidas, pero esta información no es explicada por Llacson Fasabi.
Fasabi indicó también que ONAJEPINC recibe también el apoyo de diversos congresistas. “Mira, nosotros sí [tenemos apoyo], tenemos congresistas, y que eso lo maneja el hermano Segundo [Hernández]. Siempre hemos tenido la mesa técnica con la congresista Echaíz, el señor Cueto, el señor Morante, la maestra Lucinda Vásquez”.
Gladys Echaíz y José Cueto forman parte de la bancada Honor y Democracia, un grupo de congresistas conservadores y de extrema derecha. Lucinda Vásquez, por su lado, es del llamado Bloque Magisterial, un bloque congresal con posturas de izquierda también bastante extremistas. Jorge Morante, exfujimorista, ahora de Alianza para el Progreso (APP), es el autor del proyecto de la Ley Anti PIACI, que pretende en la práctica la desaparición de las reservas para los aislados.
Llacson Fasabi reconoció también estar involucrado en una serie de procesos ante la Fiscalía, por tráfico de tierras, principalmente, y no contar con ningún tipo de convenio o acuerdo de trabajo conjunto con el sector Agricultura.
El jefe de la Agencia Agraria de Caballococha, ingeniero Kevin Vásquez, manifestó que Llacson Fasabi siempre había sido recibido en las oficinas de su dependencia y que se le facilitaba información como a cualquier ciudadano, pero que sí está al tanto de la desinformación que está esparciendo y del entorpecimiento de la labor del Estado en la zona.
“Dice que acá todos son corruptos, todos son unos ineficientes, que estamos ganando plata sentados del Estado. Y esto ha empezado a ocasionar un conflicto tremendo en las comunidades, porque nosotros como agencia agraria, como Estado, trabajamos mucho en los procesos de seguridad jurídica en las comunidades, en los procesos de reconocimiento, en los procesos de titulación”, indica Vásquez.
Efectivamente, el jefe de la Agencia Agraria confirmó que en la cuenca del Atacuari las brigadas de titulación de tierras, tantas veces solicitadas por las comunidades, fueron rechazadas, rehusándose a firmar las actas de trabajo. Vásquez prosigue:
“Eso ocurrió en el Yacarité, El Sol y otras comunidades de la zona… las comunidades nos habían enviado hace tiempo cartas solicitando el trabajo para sanear sus territorios. Sin embargo, luego nos dicen: nuestro asesor, el señor Fasabi y el presidente de la FECONARAT (Federación de Comunidades Nativas del río Atacuari) Walter Estrada Hurtado, presidente de la comunidad Panchococha, nos han dicho que no firmemos nada”.
De acuerdo con los testimonios de comuneros de la cuenca del Loretoyacu, contigua a la cuenca del río Atacuari, en la frontera entre Perú y Colombia, Walter Estrada Hurtado tiene una filiación con madereros y otros actores ilegales. Este sería el motivo de su oposición frontal contra la creación de la reserva indígena Atacuari propuesta por ORPIO y AIDESEP. Un indicio que apunta a la relación es la siguiente foto, en la que Walter Estrada se ve sentado al lado del maderero apodado “Brandon”, nombre con el que se le conoce en las comunidades de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.
Las áreas donde interviene ONAJEPINC tienen dos características clave: son zonas donde predominan economías ilegales y hay comunidades nativas, pero muy poca presencia estatal. Las zonas de Uranía, Loretoyacu y Yavarí en Mariscal Ramón Castilla, Colonia Angamos en Requena y la cuenca del río Chambira, en Maynas, entre otras, son parte de su ámbito de acción. En todas estas cuencas, a excepción del Chambira, predomina tanto la extracción maderera ilegal como el cultivo de la hoja de coca. En la cuenca del Chambira, el problema es la minería ilegal.
La desinformación que divulgan los representantes de esta organización está vinculada a dos temas principales: el saneamiento físico legal de comunidades nativas o campesinas y la formación de rondas o comités de autodefensa. Al respecto, Llacson Fasabi y otro de los miembros de ONAJEPINC, Walter Estrada, líder de la comunidad Panchococha, insisten en señalar que las reservas indígenas recortan territorios de las comunidades y que su establecimiento no permitirán a los comuneros desarrollar sus actividades tradicionales. Esto, como se ha expuesto en artículos anteriores, es totalmente falso. Es importante además mencionar que Panchococha es una comunidad que desde hace más de 10 años está bajo asedio y control parcial de narcotraficantes colombianos.
Algo por demás extraño es que las afirmaciones de los voceros de ONAJEPINC se realicen en actos públicos y frente a representantes de la Defensoría del Pueblo y otras autoridades estatales, las cuales, según testimonios de comuneros de Cushillocoha, no aclararon ni desmintieron estas afirmaciones. El jefe de la Oficina Agraria de Caballococha da fe de este hecho y de cómo él tuvo que responder una larga lista de preguntas que le plantearon sobre la titulación de comunidades, tratando de desmentir la información propalada por los miembros de ONAJEPINC.
El video de la intervención de Estrada y de Hernández Villoslada, el director de ONAJEPINC, en la reunión de Cushillococha puede verse a continuación.
Ronderos armados
No deja de llamar la atención otra de las labores de ONAJEPINC respecto a la creación de rondas campesinas, rondas indígenas o comités de autodefensa. Esta investigación se comunicó con Noe Rojas Pillco, miembro de ONAJEPINC, quien manifestó versiones contradictorias respecto a su labor de promoción de rondas.
Al mencionársele que comuneros lo señalan como una persona que incentiva a que la población use armamento para defenderse de las “acciones del Estado”, el señaló:
“Bueno, ¿Cómo lo habrán entendido eso de armarse? Yo lo entiendo de armarse, es el hombre que no ha entendido, nunca les capacitaron, orientaron, enseñaron sus deberes y sus derechos porque no conocen sus leyes. Pero ellos tienen que armarse con sus leyes, no con armas de guerra. Porque yo no estoy de acuerdo que el hombre se arme con armas de guerra para matar a nadie. Sí nos tenemos que educar, enseñar, organizarles al pueblo para que el pueblo se defienda, de sus derechos, y nadie se esté violando su territorio, metiendo al preso a la cárcel por cosechar coca, por transportar un arma, por transportar gasolina, o por transportar droga…”
Sin embargo, más adelante cuando se le pregunta nuevamente por su labor para que las rondas cuenten con armas de fuego, Rojas Pillco manifiesta: “Claro, porque el gobierno tampoco no está pidiendo, o sea que el gobierno mismo, con la policía, con la fiscalía, no está pidiendo permiso a las autoridades del pueblo que [son] la máxima autoridad, que es el apu, el apu. Entran, haciendo nomás, de frente. Entonces, esto se llama violación de sus territorios, que es lo que está haciendo la policía, la fiscalía, ¿no?”
Un poblador del Centro Poblado Santa Isabel, en el río Yavarí, que pidió no ser identificado, manifestó que el representante de ONAJEPINC, Noé Rojas Pillco, estuvo hace unos meses en esa localidad, insistiendo en la formación de una ronda armada que proteja a la población de las acciones de erradicación que implementa el Estado como parte de las acciones contra el narcotráfico.
Noé Rojas Pillco también indicó que él no solicita dinero y apenas recibe las colaboraciones voluntarias de algunas personas y comuneros en sus constantes viajes. Sin embargo, otra organización a la cual él dice aún pertenecer, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), lo ha separado por este tipo de hechos.
Ronald Argandoña y otros miembros de la CUNARC en Loreto señalan que la causa de su separación fue por actos de corrupción. Estos señores insisten en que Rojas Pillco cobró cuotas a comuneros para su inscripción como ronderos y por otros beneficios que nunca llegaron a concretarse. Noé Rojas Pillco fue sentenciado por peculado doloso de acuerdo al documento de Ejecución de Sentencia N. °113-2015/JIP Chachapoyas, como ha reportado el Ministerio Público.
Noé Rojas Pillco fue sentenciado por peculado doloso
En todos los casos se ha recogido información respecto a solicitudes de dinero en efectivo para realizar gestiones, y tanto Llacson Fasabi como Rojas Pillco han sido señalados por comuneros y autoridades por solicitar dinero para sus gestiones. Fasabi ha reconocido que se solicitan aportes voluntarios de parte de las comunidades a las que sirven. Resalta el caso de la Comunidad Nativa Cushillococha, la que le habría entregado 14 mil soles para gestiones relacionadas a su ampliación territorial, la cual no ha llegado a concretarse. Las actuales autoridades de Cushillococha reclamaron en un acto público ocurrido el 29 de junio de 2024, frente a autoridades regionales reunidas en la comunidad, la supuesta estafa que habrían sufrido por parte de Llacson Fasabi y la ONAJEPINC.
Otra persona conocida por su posición en contra de los PIACI es Salvith Ojanama López, quien también es miembro de la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto, grupo liderado por Christian Pinasco. Salvith Ojanama ha reconocido ser parte de ambas organizaciones. Su presencia en ONAJEPINC se hizo notoria participando en las acciones de apoyo a la construcción ilegal de la carretera Genaro Herrera Colonia Angamos, ruta ya conocida de mochileros, y vinculada a la propuesta de Reserva Territorial Yavarí Mirín. Lastimosamente, miembros de la CDSL y de ONAJEPINC parecen estar siempre muy activos en zonas donde se imponen las economías ilegales como las que impone el narcotráfico.
Salvith Ojanama ha reconocido ser parte de ambas organizaciones, tanto la ONAJEPINC como la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto
Durante una reunión sobre la mencionada carretera llevada a cabo en el Municipio de Yaquerana la señora Salvith Ojanama hizo pública su relación con funcionarios no identificados mencionando que “me están diciendo cuando pueden estar los alcaldes de manera urgente en la ciudad de Lima para que se reúnan con el director de PROVIAS Descentralizado y si pueden participar los matsés ahí, (y) van a invitar a la señora de(l Ministerio de) Cultura”.
Una organización cercana al poder
ONAJEPINC fue fundada en 2015 teniendo como objetivos –de acuerdo a su inscripción en los registros públicos– velar por una justicia intercultural equitativa en todas sus niveles, en educación, en salud (y) territorio, velar por los derechos de los pueblos indígenas conocidos y por conocer, recuperar el orden en las comunidades nativas en donde se presentan conflictos sociales con la intervención de los varayocs y la Policía Nacional del Perú (PNP), proteger la inversión estatal, privada y extranjera con plena intervención de los varayocs, entre los más saltantes.
La cercanía de la ONAJEPINC y de su líder Segundo Hernández Villoslada con altos funcionarios del Estado peruano es notoria. Desde su fundación se ha venido codeando con ministros, congresistas, fiscales supremos y autoridades estatales de diversa índole en el país. Se tiene registro de reuniones de esta organización con líderes políticos nacionales, personal de la Defensoría del Pueblo, ProVías descentralizado, entre otras dependencias públicas.
Según el portal Manolo los registros de visitas de Hernández Villoslada superan los 160, destacando las reuniones con funcionarios del Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Presidencia de Consejo de Ministros, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo. En el caso de la Defensoría del Pueblo, los contactos de ONAJEPINC parecen ser sumamente más cercanos.
A pesar de la posición antiderechos de ONAJEPINC, la cercanía del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, lo ha llevado a acompañar a dicha organización en actos públicos en Loreto, justamente donde el personal de Segundo Hernández tiene una actuación tan cuestionable.
Según denunció la organización nacional AIDESEP y sus bases regionales ORPIO y CODEPISAM, Segundo Hernández Villoslada ha pretendido en varias oportunidades asumir la representatividad de las comunidades nativas de Loreto y San Martín, así como promover el cultivo de la hoja de coca. Denuncias similares han sido hechas por organizaciones de otras regiones. La organización de Hernández Villoslada, además de negar la existencia de los PIACI se opuso a la ratificación del Acuerdo de Escazú junto con otras agrupaciones gremiales como los mineros de Madre de Dios.
Hace unas semanas, Segundo Hernández fue identificado y denunciado por la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (FECONBU), al conocer que este personaje está promoviendo un encuentro nacional de pueblos indígenas en Pucallpa para finales de noviembre de 2024.
Lo preocupante es que este supuesto cónclave nacional contaría nada más y nada menos que con el patrocinio del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, según se desprende de un aviso que compartimos a continuación.
Jorge Pérez Rubio, presidente de la AIDESEP, manifestó que en estos momentos hay demasiados intereses en tomar el control de la Amazonía y lo pretenden hacer haciendo un turbio y burdo paralelismo al legítimo y verdadero movimiento indígena.
Fuente: servindi.org
