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La Organización de Naciones Unidas (ONU) precisó que el gobierno de Alberto Fujimori violó los derechos de las mujeres a través de la política de esterilizaciones en especial de mujeres indígenas, rurales y económicamente desfavorecidas.

El Comité de Derechos de Mujeres de la ONU concluye que esterilizaciones forzadas equivalieron a violencia de género y discriminación interseccional contra mujeres indígenas.
El Comité de Derechos de Mujeres de la ONU concluye que esterilizaciones forzadas equivalieron a violencia de género y discriminación interseccional contra mujeres indígenas.

El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación de la mujer publicó su decisión luego de revisar la denuncia hecha por cinco mujeres esterilizadas entre 1996 y 1997 y concluyó que fueron coaccionadas, presionadas y engañadas para someterse a este proceso.

Leticia Bonifaz, miembro del Comité, dijo que los procedimientos se llevaron a cabo sin el consentimiento informado de las víctimas que no podían leer ni hablar español, por lo que no entendían la naturaleza del procedimiento.

Las víctimas denunciaron que las esterilizaciones afectaron gravemente su salud física y mental, una de ellas relató, por ejemplo, que luego de ser esterilizada fue dada de alta de inmediato sin ningún cuidado postoperatorio y que enterado de esta situación su pareja la abandonó.

Aunque el Estado argumentó que esta medida era parte de un programa de salud reproductiva que también incluyó a varones, el Comité visibilizó la diferencia abismal entre las cantidades, es así que 300 mil mujeres fueron esterilizadas a comparación de 25 mil varones.

Las esterilizaciones fueron realizadas en condiciones sanitarias inadecuadas y por personal médico, a ello se suma que por la naturaleza de la intervención y riesgos quirúrgicos pueden ser catalogados como violencia sexual.

El Comité concluyó que el incumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones de investigar estas violaciones e indemnizar a las víctimas, constituyen actos de discriminación, por lo que instaron al gobierno a acelerar las investigaciones, dar compensaciones y apoyo a las víctimas.

Para la ONU las esterilizaciones forzadas generalizadas y sistemáticas podrían constituir un crimen de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma y lamentó que a pesar de estas situaciones el Perú haya promulgado la Ley de la impunidad en agosto de este año a pesar que se recomendó no hacerlo.

 

Fuente: servindi.org

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