El modo de vida, la salud y seguridad del pueblo Wampis ubicado entre las regiones de Amazonas y Loreto está bajo una seria amenaza debido a la expansión de la minería ilegal en sus territorios, avance que el Estado no puede frenar pese a operativos de interdicción pasados.
Teófilo Kukush Pati, pamuk del Gobierno Territorial Autónomo Wampis (GTAW) narra que desde hace varios años la presencia de la minería ilegal causa una serie de males a la población indígena que sobrevive en la pobreza y falta de atención del Estado.
El Ministerio de Cultura calcula que el 38.5% de la población indígena en el Perú se encuentra en situación de pobreza y que del total de hogares en situación de extrema pobreza el 52.4% es indígena, esto según una investigación de la Universidad del Altiplano de Puno.
Esos “males” son identificados por el Observatorio Nacional de Política Criminal como actividades conexas como el narcotráfico, trata de personas y otras formas de explotación, homicidio, sicariato, tráfico de gasolina, evasión de impuestos, corrupción y lavado de activos.
Asimismo, Shapiom Noningo, sabio del pueblo Wampis dijo a Servindi que hace algunos días el pueblo wampis se enteró de acuerdos de extracción aurífera ilegal en las comunidades de Papayacu, Dos de Mayo, Onanga y Quim, que empeoró el conflicto latente contra esta actividad ilegal.
Razón por la que una comitiva tuvo que abandonar sus territorios y viajar hasta Lima en busca de una reunión con congresistas, ministros y/o otras autoridades que puedan dar una solución viable a esta problemática.
“El plan es desalojarlos [a los mineros ilegales], pero hubo un intento de enfrentamiento, por eso una delegación a viajado para pedir al Estado que ponga un par de soldados o policías para el desalojo pacifico y garantizar que no haya enfrentamiento, esa esa la misión, dijo el líder.
El abandono de las comunidades deja al pueblo Wampis a la merced de mineros ilegales que aliados con otros factores del crimen organizado amenazan a los líderes y jefes de las comunidades indígenas impidiendo su buen vivir o tarimat pujut, precisa Kukush Pati.
Los mineros ilegales también impiden que defensores ambientales y de derechos humanos, ejerzan su rol por las amenazas y la prohibición de ingreso a las comunidades, así lo señala en un artículo, Víctor Hugo Pachas, antropólogo del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE).
Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo a Servindi que en su mayoría los crímenes contra defensores ambientales y líderes indígenas está relacionado a la minería ilegal y narcotráfico que gana territorio en el país validado en normas y leyes que se generan en el Congreso.
Hasta el 2023 había una fuerte presencia de mineros en río Cenepa en Amazonas, sin embargo, cuando el medio Mongabay registró 70 enclaves de minería ilegal en este punto, tanto la Policía y Ejército realizaron interdicciones, sin contar con que los mineros se trasladarían a otras zonas.
Mediante una carta abierta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el GTAW informó que los mineros se habían trasladado a las comunidades de San Juan, Belén y Fortaleza en el distrito de Río Santiago en la provincia de Condorcanqui en Amazonas instalando 30 nuevas dragas.
“Dichas operaciones están causando daños ambientales irreversibles a nuestro territorio, además de conflictos en las comunidades” advierte la carta que también fue enviada a relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Hugo Pachas, reafirma esta versión en su artículo publicado en 2021, donde señala que las consecuencias de esta actividad ilícita impactan de forma irreparable en la cultura y salud de la población Awajún y Wampis, expuestas al mercurio utilizado para extraer oro.
La carta enviada por el GTAW hace énfasis en la contaminación por mercurio que daña el medio ambiente y salud de los pueblos indígenas vertiendo gran cantidad de mercurio que afecta a las plantas, animales, peces y humanos que habitan a lo largo del río Marañón y Santiago.
En conversación con Teófilo Kukush, Servindi pudo conocer que hasta la actualidad el pedido del pueblo Wampis no es atendido por lo que incluso tuvieron que movilizarse en contra del avance de la minería para atraer la atención del gobierno y autoridades internacionales.
La comitiva de GTANW, fuerzas comunitarias, el grupo Katsaip y comuneros de Alianza Progreso. Foto: Celso Petsain – Tuntui Wampis.
Al no obtener resultados la misma población Wampis tuvo que organizarse y conformar en octubre de 2023 la guardia indígena o “grupo Katsaip”, para controlar el ingreso y salida de personas extrañas a su territorio, actividad que no es ejecutada debidamente por la Policía.
Así, se logró la captura de Larry Padilla Rivadeneyra, Jesús Panaifo Rivera, Calep Pincahuando Díaz, Dievis Moreno Panduro, Jacquelin Panaifo Tangoa, Ronald Reátegui Herrera y Ducner Chistama Masedo, presuntos mineros ilegales, quienes fueron retenidos a la espera de autoridades [policiales] que nunca llegaron.
Cabe precisar que según una presentación realizada por Miguel Núñez Polar quien se desempeñó como viceministro de Orden Interno, hasta el 2023, en las regiones de Loreto y Amazonas sólo se logró detener a 9 personas por minería ilegal y 4 por tala ilegal.
El GTAW también alertó que la Policía de Santa María de Nieva no cumpliría con sus funciones y al contrario se dedicaría a la cobra de cupos a empresarios dedicados a la extracción ilícita, esta información fue notificada por comuneros de San Roque e incluida en la carta abierta enviada a las autoridades.
La queja fue enviada en febrero de 2023 a la oficina de disciplina de la Policía, pero según la versión del GTAW esta entidad respondió casi un año después. El documento fue mostrado al medio extranjero AP News, que corroboró que se pedían pruebas [de las acusaciones] en un plazo de dos días.
En declaraciones para AP News el secretario del GTAW dijo: “Así actúa el Estado. El Ejército instalado en la frontera en vez de asumir la defensa de la naturaleza, que tanto hablan de la soberanía nacional, nos ha mandado una carta amenazando y la policía en vez de investigar a sus agentes, nos mandan a probar la denuncia”
La violencia desatada por el oro
No solo el medio ambiente y la vida de los líderes corre peligro, la minería ilegal también afecta la constitución social de los wampis, dejando a su paso a mujeres y niños abandonados, adolescentes embarazadas y dando rienda suelta a todo tipo de abusos, afirma Galois Flores Pizango, pamuka ayatke del GTAW a Mongabay.
“Queremos reiterar que apoyen la erradicación de la minería ilegal, porque de lo contrario las comunidades vamos a optar por otras alternativas de organización más interna” precisó Shapiom Noningo a Servindi respecto a los repetidos pedidos que han realizado al Estado, alertando la situación que viven en sus territorios.
Fuente: servindi.org
