Cuando hacían falta menos de 10 días para que Alejandro Giammattei entregara el poder, se dirigió al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), cuyo principal dirigente es Joviel Acevedo, para que defendiera el programa del Seguro Médico Escolar -derogado por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 5 de febrero- y los «logros» del magisterio en materia sindical.
Joviel Acevedo, dirigente magisterial que lleva más de 20 años de dirigir el STEG, En la fotografía, en la marcha del pasado 2 de mayo cuando protestaron por la posibilidad de que las negociaciones del pacto colectivo puedan ser publicas. Foto La Hora / José Orozco.
Cuando hacían falta menos de 10 días para que Alejandro Giammattei entregara el poder, se dirigió al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), cuyo principal dirigente es Joviel Acevedo, para que defendiera el programa del Seguro Médico Escolar -derogado por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 5 de febrero- y los «logros» del magisterio en materia sindical.
El exgobernante participó en un acto de graduación de maestros del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente del Ministerio de Educación (Mineduc) el pasado 5 de enero que se desarrolló en el Teatro Nacional y dijo a los maestros, entre ellos Acevedo, que llegaría el momento de «defender» el seguro y la alimentación que «ya dejamos para todos los ciclos».
No pasaron ni tres meses después de que fue derogado para que el STEG saliera a las calles para exigir varias demandas, entre estas la restauración del seguro médico para estudiantes, a pesar de que el gobierno de Bernardo Arévalo instituyó el Programa de Salud Escolar, el mismo día de la derogatoria del anterior.
PACTO COLECTIVO
En el referido evento el exgobernante también instó a los maestros a defender los «logros» alcanzados por el sector sindical. Asimismo se comprometió a dejar instalada la comisión que negocia el pacto colectivo con las actuales autoridades ya que el actual venció en abril.
«Invito al sindicato —STEG— a que haga entrega del borrador del pacto colectivo antes de que nos vayamos del gobierno para que seamos nosotros los que dejemos hecha la comisión que va a negociar con ustedes», dijo en aquella ocasión el exgobernante.
De esa cuenta, el pasado 8 de enero, el Sindicato entregó al Mineduc dicho borrador y pidió que lo declarara en reserva a lo que las anteriores autoridades accedieron, aunque nunca se divulgó resolución o acuerdo ministerial alguno.
Por tal razón, la ministra Anabella Giracca pidió el pasado 29 de abril retirar esa condición para que todos los guatemaltecos sepan qué es lo que se negocia y cuáles son los beneficios que se pagarán con los impuestos.
Este anuncio fue la principal motivación de Acevedo para convocar al STEG a la marcha del pasado 2 de mayo. El dirigente sindical argumenta que la secretividad es un derecho constitucional y que revelar las condiciones en las que se negocia pondría en riesgo a los maestros.
Este dilema llevó al presidente Bernardo Arévalo a pedir una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC) para aclarar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en relación con la condición de secretismo con que se negocia el pacto.
Asimismo, un grupo presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se garantice el acceso a esa información. Ambas acciones no han sido resueltas.
ALDANA: NO ES PERJUDICIAL
El analista y doctor en Educación, Carlos Aldana, considera que los mecanismos de negociación que se llevan a cabo entre el STEG y el Mineduc se llevan a cabo «en todas partes» y que si se hacen públicos “no afecta las conquistas del magisterio”.
Aldana cree que la reserva se pidió con la idea de que las negociaciones caminen de manera armónica, sin ningún tercer interesado que pueda perturbarlas en algún momento.
“No es que sea prudente o imprudente levantar una reserva”, subrayó el analista, porque no se negocia nada que no se pueda saber, ya que, prácticamente, es lo mismo que quedó establecido en pacto firmado en marzo de 2022.
MARROQUÍN: SOLO PIDEN SIN COMPROMETERSE
El director de la organización Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, expuso que «desde ningún punto de vista cabe la confidencialidad» en la negociación de este o cualquier pacto colectivo «porque la ley es clara en establecer cuales son los temas de carácter confidencial» y estos pactos no están incluidos.
A su consideración, al no haber algún acuerdo o resolución ministerial que establezca la reserva del borrador del pacto la ministra Giracca debería hacerlo público.
Añadió que hacer públicas las negociaciones o el referido borrador «no le haría daño a nadie», pero que el STEG, dirigido por Acevedo, se opone a que se conozcan porque se revelaría que en estos pactos solo se establecen beneficios para los maestros sin ningún parámetro de evaluación.
«En todo eso no hay ningún compromiso para mejorar la educación, solo beneficios para los maestros sin que eso se traduzca en compromisos para mejorar la calidad educativa porque eso es lo que no les gusta», precisó. «Es como que te diera aumentos cada año y no te exija nada a cambio», dijo.
DEBEN SER PÚBLICAS
Diversas voces se han unido para clamar porque las negociaciones se hagan públicas, una de ellas, la de Edgar Ortiz, uno de los tres abogados que presentó el amparo ante la CSJ el pasado 4 de mayo.
«Consideramos que esa información no puede considerarse confidencial a pesar de los artilugios que se presentaron el 8 de enero», cuando el STEG entregó el proyecto del pacto, expuso el profesional en aquella ocasión.
«Pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos otorgue el amparo y ordene al Ministerio de Educación a levantar la reserva y que todo el pueblo tenga acceso al proyecto de pacto colectivo», agregó.
Ortiz expuso que las negociaciones son un asunto «de interés público» ya que, de lo que de ahí resulte, compromete el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación.
SANCIÓN
Precisamente, la forma como dirige al STEG, llevó al departamento de Estado de Estados Unidos a sancionar a Acevedo en julio del año pasado.
El sindicalista, según la justificación de la sanción, «se involucró en una importante corrupción al brindar apoyo político del STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos».
Fuente: lahora.gt
