A pocas semanas de finalizar su mandato, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha emitido un decreto que está destinado a brindar seguridad y protección a los expresidentes y exvicepresidentes, así como a sus respectivas parejas, una vez que concluyan sus respectivos mandatos. Este movimiento marca un cambio significativo en la política de seguridad para los líderes del país y sus familias. En este artículo, exploraremos en detalle este decreto y su impacto en la sociedad ecuatoriana.
Un Cambio en la Política de Seguridad
Según el texto del decreto, el Estado ecuatoriano ahora está obligado a “proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges, por periodos mínimos de dos años para el primero y de un año para el segundo”. Esto representa un cambio fundamental en la política de seguridad de Ecuador, ya que antes, la protección se limitaba a un año y solo dentro del territorio nacional.
Este anuncio no solo tiene implicaciones dentro del país, sino que también se aplica “fuera de Ecuador”, lo que significa que los exmandatarios y sus parejas podrán contar con protección tanto en el país como en el extranjero. Esto marca un claro compromiso del gobierno ecuatoriano con la seguridad de sus líderes anteriores y sus seres queridos, sin importar su ubicación geográfica.
Flexibilidad en la Duración de la Protección
El decreto también establece que la duración de la protección personal podría extenderse más allá de los plazos mínimos establecidos si la Casa Militar Presidencial lo considera necesario. Esta flexibilidad es un elemento adicional que garantiza que la seguridad de los exmandatarios y sus parejas se adapte a sus necesidades individuales y las circunstancias en evolución.
La ‘Muerte Cruzada’ y el Cambio de Gobierno
El presidente Guillermo Lasso ha tomado esta decisión en un contexto político crucial. En los últimos meses, Ecuador ha sido testigo de lo que se conoce como “la muerte cruzada”, una situación en la que un presidente disuelve la Asamblea Nacional y llama a elecciones anticipadas. Estas elecciones fueron ganadas por el joven empresario Daniel Noboa, quien asumirá la presidencia en diciembre y gobernará hasta el 25 de mayo de 2025.
Este cambio de gobierno ha generado ciertas preocupaciones en cuanto a la continuidad de las políticas y la seguridad de los exmandatarios. El decreto de Lasso, que amplía la protección para ellos y sus parejas, parece abordar estas preocupaciones y garantizar un período de transición seguro y estable.
Reacciones a la Medida
Sin embargo, no todas las reacciones ante esta medida han sido positivas. El expresidente izquierdista Rafael Correa, quien gobernó Ecuador desde 2007 hasta 2017 y actualmente reside en Bélgica, ha expresado su descontento en las redes sociales. Correa es blanco de una persecución judicial iniciada por su exaliado y sucesor Lenín Moreno y ha enfrentado un alto riesgo en su situación actual.
Correa critica la medida, afirmando que “Esto muestra de cuerpo entero la deshonestidad de nuestra oligarquía: lo que ellos merecen no lo merecían los demás. A mí, con brutal persecución recibida y alto riesgo que eso engendra, me quitaron toda seguridad.”
Conclusiones
El decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso para garantizar la seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes ecuatorianos y sus cónyuges marca un cambio significativo en la política de seguridad del país. Este movimiento, que amplía la protección tanto en términos de duración como de alcance geográfico, refleja el compromiso del gobierno ecuatoriano con la seguridad de sus líderes pasados y sus familias.
La medida se produce en un momento crucial en la política ecuatoriana, con un cambio de gobierno en el horizonte. Aunque ha generado ciertas críticas, especialmente de figuras políticas como Rafael Correa, parece destinada a garantizar un período de transición seguro y estable para los exmandatarios y sus parejas.
Fuente: RT
