El gobierno de Venezuela decidió cerrar temporalmente la oficina en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y ordenó a los funcionarios del organismo que abandonen el territorio en 72 horas a partir de este jueves 15.
La decisión se toma “debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento, leído por el canciller Yván Gil, anuncia la suspensión de las actividades de la oficina técnica de asesoría de Acnudh en el país y una “revisión integral” en los próximos 30 días de la Carta de Entendimiento entre esa oficina y el gobierno, que data de septiembre de 2019.
El gobierno sostiene que desde la firma de esa carta Acnudh “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados”.
“Frente a ese impropio actuar, las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la oficina” que dirige en Ginebra, Suiza, el alto comisionado Volker Türk.
Sin embargo, según el texto, Acnudh “ha exacerbado sus ataques contra Venezuela”, y lo hace “justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional”.
Para la cancillería venezolana “en cambio, esta oficina del alto comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
“Con este desempeño, propio de las fórmulas de colonialismo judicial”, Acnudh “no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino además incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento”.
Preocupación por detención de activista
La ruptura se produce después de que la oficina que dirige Türk reclamó por la detención el 9 de febrero, y su desaparición durante largas horas, de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, y varios de sus familiares.
En su cuenta de la red social X, Acnudh dijo al conocerse los hechos que seguía “con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada”.
La Fiscalía venezolana rechazó que San Miguel estuviese bajo la figura de desaparición forzada. El día 12 un tribunal antiterrorista dispuso su detención cautelar, junto a quien fue su pareja, y dejó en libertad condicional a otros parientes.
Tras esa declaración, Acnudh informó que “tomamos nota que el lugar de detención de Rocío San Miguel – y por ende su paradero – ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional. Deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.
San Miguel, abogada y docente universitaria de 57 años, reconocida referente sobre temas de seguridad y defensa en Venezuela, fue acusada por la fiscalía de participar en un complot subversivo que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro.
Quedó detenida en la cárcel El Helicoide, en una colina en el centro de Caracas, junto a decenas de otros opositores y disidentes civiles y militares, unos purgando condenas y otros aún procesados por diversos delitos.
Decenas de organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales, gremios y universidades del país, y gobiernos como los de Canadá, Estados Unidos, Uruguay y la Unión Europea, han pedido la liberación de San Miguel.
El 13 de febrero otra entidad de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, la Misión internacional independiente de determinación de hechos, designada para Venezuela por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también protestó por la detención de San Miguel y reclamó su liberación.
Según la misión, que investiga denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en el país, la detención de San Miguel y una hija suya de 24 años, y su desaparición durante horas, “cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.
También el día 13 el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, al cabo de una visita de dos semanas a Venezuela criticó el programa gubernamental de repartir bolsas de comida a las familias más pobres, cada vez más disminuido y con alimentos de escaso valor nutricional, según dijo.
Para Fakhri, “esos programas se han convertido ahora en un sistema de caridad y se han vuelto susceptibles a clientelismo político”, aunque reconoció que las sanciones económicas impuestas al Estado venezolano por Estados Unidos y gobiernos europeos han limitado la capacidad del gobierno para atender programas sociales.
El gobierno, no obstante su réplica a Türk y la medida de cerrar su oficina y expulsar a los funcionarios –hasta una docena han laborado en Caracas-, dijo que “reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino.
En el trasfondo político de cuanto ocurre está que Venezuela debe realizar elecciones presidenciales este año para el sexenio 2025-2031, y se descuenta que el presidente Nicolás Maduro optará por un tercer mandato.
La principal candidata de la oposición, María Corina Machado, favorita del electorado según varias de las encuestas más reconocidas, está inhabilitada para aspirar a cargos públicos después de que en enero el Tribunal Supremo validó una sanción administrativa que pesa en su contra.
Fuente: servindi.org
