Así lo sostiene el documento: Pueblos y territorios indígenas bajo asedio: la expansión extractiva del gobierno de Daniel Noboa, que describe las estrategias empleadas para profundizar este modelo extractivo en Ecuador.
El documento es compartido por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y ALDEA – Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo y que resulta útil para cotejar tendencias similares en otros países de la región.
En sus 38 páginas el documento expone las implicancias de este proceso regresivo y autoritario para los pueblos indígenas, sus territorios y derechos colectivos.
A través de reformas institucionales y regulatorias adoptadas, sin consulta previa ni participación efectiva de las poblaciones afectadas, se han flexibilizado salvaguardas ambientales y sociales.
Esto ha ocasionado la apertura de territorios indígenas y ecosistemas estratégicos a la expansión extractiva.
Con estas reformas, el Estado ecuatoriano profundiza la subordinación de los derechos territoriales indígenas y de protección ambiental a merced del capital extractivo global.
Bajo el discurso de la competitividad y la atracción de inversiones, ecosistemas estratégicos y territorios ancestrales se incorporan a una lógica de acumulación orientada al abastecimiento de cobre, oro y petróleo para los mercados internacionales.
Esta reconfiguración no sólo debilita los mecanismos de control democrático y participación efectiva, sino que también refuerza dinámicas históricas de extractivismo y despojo, cuyos costos sociales, culturales y ecológicos impactan a las comunidades locales.
Mientras tanto, los beneficios se concentran en actores estatales y corporativos vinculados a las cadenas globales de materias primas.
El documento también cuestiona la responsabilidad internacional de Ecuador por su incapacidad y falta de voluntad para prevenir, fiscalizar y sancionar los impactos generados por grandes actores extractivos.
En lugar de actuar como garante de derechos, el Estado ha asumido un rol cada vez más funcional a los intereses del capital extractivo mediante la flexibilización regulatoria, la reducción de controles independientes.
A lo anterior se agrega la tolerancia frente a actividades que degradan ecosistemas, afectan fuentes de agua, fracturan el tejido comunitario y favorecen la estigmatización, criminalización y persecución de personas defensoras de derechos humanos.
El desafío para Ecuador ya no es únicamente económico, sino el de evitar que la expansión extractiva erosione aún más el Estado de derecho, la democracia y la protección de algunos de los territorios más biodiversos y culturalmente diversos del planeta y de quienes los protegen y defienden.
Descargar documento en: https://alianzaddhh.org/reportepueblos-y-territorios-indigenas-bajo-asedio-la-expansion-extractiva-en-el-gobierno-de-daniel-noboa/
Fuente: www.servindi.org
