Rosa Quiroga muestra una fotografía durante una entrevista en La Paz (Bolivia) / EFE
El caso de Rosa Quiroga se ha convertido en un símbolo contra la violencia institucional en Bolivia.
Rosa Quiroga, una mujer aimara que estuvo encarcelada por cinco años tras denunciar el acoso sexual de un diputado, se ha convertido en un símbolo contra la violencia institucional en Bolivia.
Abogadas y activistas consideran su caso un ejemplo de cómo el sistema judicial castiga a las mujeres que denuncian agresiones de personas con poder.
En 2023, obtuvo su absolución tras haber sido acusada de falsedad ideológica y abuso y firma en blanco, por el exdiputado Santos Paredes Mamani y su suplente, Inés López Quispe, cargos que considera una represalia por su denuncia contra Paredes.
“Lo que estoy pidiendo es justicia, que se dé cumplimiento a la ley (…) me encuentro delicada de salud, estoy desempleada, estoy empezando desde cero. He sido perjudicada y traumada por el acoso sexual que he sufrido”, declaró Quiroga a EFE.
El caso ha evidenciado las fallas estructurales del sistema judicial. “Rosa Quiroga es el ejemplo de todo lo malo de la administración de la justicia en Bolivia”, afirmó la abogada Audalia Zurita.
En 2015, Quiroga comenzó a trabajar en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja. Según su testimonio, Paredes la acosó para viajar con él y acompañarlo en eventos sociales.
Al negarse, fue despedida tras denunciarlo ante la Fiscalía. Aunque el Ministerio Público imputó a Paredes en 2016, el proceso se interrumpió repetidamente.
En 2017, cuando asistía a una audiencia sobre su denuncia, fue detenida por la acusación de López. Pasó diez días en un calabozo y luego fue encarcelada sin recursos ni abogado.
Tras cuatro años de encierro, Quiroga obtuvo detención domiciliaria, pero los jueces le sugirieron declararse culpable para cerrar el caso. En septiembre de 2023, fue absuelta, aunque el proceso sigue en apelación.
Quiroga exige una declaración de inocencia y reparación integral de los daños, y no descarta acudir a instancias internacionales.
Su caso reabre el debate sobre la criminalización de las mujeres que denuncian violencia en espacios de poder.
Fuente: servindi.org
