El Estado ecuatoriano debe investigar lo ocurrido con los cuatro niños de Guayaquil víctimas de presunta desaparición forzada expresó el representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur.
Al igual que la sociedad en su conjunto, ONU Derechos Humanos recibió con consternación la noticia de la identificación de los cuerpos de los menores de edad que fueron detenidos por parte de miembros de las fuerzas armadas en Guayaquil.
Jan Jarab pide enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición de situaciones como esta, que representan una grave violación a los derechos humanos, expresó.
Los cuatro niños aparecieran muertos, incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar. Los 16 militares implicados cumplen ahora prisión preventiva por el presunto delito de desaparición forzada.
Aunque al inicio el Gobierno negó la responsabilidad de militares en la desaparición de Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15) y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14), cámaras de vigilancia confirmaron su implicancia.
En las imágenes, se observó cómo una patrulla militar persigue y captura a los menores en el sector de Las Malvinas (Guayaquil) el 8 de diciembre, y los sube a una camioneta sin paradero conocido.
Obligaciones del Estado ecuatoriano
La Oficina recuerda que el Estado tiene un deber reforzado de protección de los niños, niñas y adolescentes, de su vida, su integridad y libertad personal, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
La información conocida hasta ahora por la Oficina coincide con lo dispuesto por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Por tanto, la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes. La Oficina recuerda que el delito de la desaparición forzada no se extingue por haberse encontrado los cuerpos.
el delito de la desaparición forzada no se extingue por haberse encontrado los cuerpos.
“La investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando” dijo Jan Jarab.
“Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias”, enfatizó el Representante de ONU Derechos Humanos.
Jarab subrayó además la urgencia de abordar otras denuncias de desaparición forzada que surgieron en el contexto de la visibilidad mediática de este caso, así como de adoptar todas las medidas necesarias para la no repetición.
“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”, añadió.
Finalmente, la Oficina ratificó su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas y a la sociedad ecuatoriana, reiterando su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, se compromete a promover la justicia étnica en el actuar de los agentes del orden y a impulsar la prevención mediante la capacitación en derechos humanos.
Fuente: servindi.org