Radio Victoria

Quito. La estatal Petroecuador adjudicó un contrato de 90 millones de dólares a tres empresas, entre ellas la compañía Codana SA, vinculada con Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa, un hecho que hoy genera críticas.

Daniel Noboa
El presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa en enero de 2024. Foto Europa Press

El contrato busca la provisión de 21 millones de litros de etanol anhidro, grado carburante, por un valor de 18.9 millones de dólares, precisó la emisora local Radio Pichincha, que reveló los nexos.

En la plataforma de la Superintendencia de Compañías, cuyos datos son públicos, consta como titular de Codana SA el consorcio Nobis SAS, relacionado con Isabel Noboa.

El proceso de contratación de Petroecuador consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Ese hecho propició cuestionamientos de quienes consideran que las élites económicas anhelan controlar el Estado y sus instituciones para alcanzar enormes rendimientos que beneficien a sus corporaciones familiares.

Para el abogado y analista político Mauro Andino, la “bananocracia” que gobierna no se sonroja al momento de utilizar lo público para engordar sus billeteras y esconder el dinero en paraísos fiscales.

El ex ministro del Interior y ahora precandidato presidencial José Serrano escribió en su cuenta en X que a Noboa lo que le interesa “es seguir cerrando negocios familiares”.

Mientras, el abogado Joffre Campaña reveló otros detalles sobre el caso, como por ejemplo que Codana S.A. tiene como única accionista a Teton Trust Company LLC y esta, a su vez, tiene como única accionista a Codana.

Todo apunta a que la tía de Noboa podría ser la dueña de Codana y, por tanto, de Teton Trust, señaló Campaña, que también alertó que esa sería una “violación abierta” del artículo 62 de la Ley de Contratación Pública.

Esa normativa declara que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores públicos están inhabilitados para contratos con entidades públicas.

 

Fuente: jornada.com.mx

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