Foto: Fabricio Alonzo/La Hora)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con dos relatoras especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el regreso a prisión del periodista José Rubén Zamora, ya que sostiene que se ha priorizado su encarcelamiento, por encima de resoluciones de fondo sobre las acusaciones en su contra.
En el informe, CIDH y las relatoras de la ONU señalaron que es preocupante que Zamora regrese a prisión, ya que existe un amparo pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para impugnar la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, con la que resolvió revocar las medidas a favor de Zamora.
A su vez, destacaron que fueron informados de que en la Cámara de Amparos y Antejuicio de la CSJ se suspendió “repentinamente”, la sesión en la que estaba programado conocer el amparo, lo cual genera “inquietudes sobre la administración de justicia en este caso”.
De acuerdo al escrito, el caso contra Zamora se ha caracterizado por una excesiva dilación en los procesos judiciales y una aparente “priorización de su encarcelamiento por encima de la resolución de fondo de las acusaciones en su contra”.
“La programación de una audiencia para septiembre de 2025 en uno de los procesos, mientras el otro permanece sin fecha determinada, pueden generar una dilación injustificada que mantenga al periodista en una prolongada incertidumbre legal”, remarcó.
REPRESALIA
Al mismo tiempo, la CIDH y las relatoras especiales de Naciones Unidas aseguraron que se trata de un caso emblemático de libertad de expresión, ya que los cargos presentados contra Zamora parecen una represalia directa por sus informes críticos sobre el gobierno y sus investigaciones pioneras sobre corrupción.
“El continuo acoso judicial consistente en la acumulación de procesos judiciales contra el Sr. Zamora y el personal de El Periódico y el posterior cierre del medio de comunicación constituyen una represión directa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, contraria a los estándares internacionales”, añadieron.
También, subrayaron que la prisión preventiva debe ser aplicada de manera excepcional y proporcional, atendiendo estrictamente a los principios de presunción de inocencia y necesidad procesal.
“A criterio de estas entidades, podría llegar a resultar contradictorio que, habiéndose demostrado la ausencia de riesgo de fuga y habiendo sido reconocido por el propio juez que se habría excedido el plazo razonable de prisión preventiva, se haya ordenado el regreso a prisión de Zamora”, agregó.
SEÑALAN PREOCUPACIÓN POR JUEZ
De la misma forma, la CIDH y las relatoras especiales de la ONU mostraron preocupación, ya que el juez Erick García manifestó haber sido objeto, junto con el personal del juzgado, de amenazas e intimidaciones por parte de individuos desconocidos.
“Dicha circunstancia podría constituir una violación del derecho a un juicio justo y comprometer la independencia judicial, principio fundamental reconocido en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura”, expuso.
EL CASO
Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, la cual es integrada por dos magistrados de magistrados vinculados al diputado de TODOS, Felipe Alejos y a la excongresista Alejandra Carrillo, decidieron revocar las medidas a favor de Zamora y ordenar al Juez García realizar una audiencia para que el periodista regresara a prisión.
El 10 de marzo, el juzgador dio cumplimiento a la orden de la Sala, sin embargo señaló que ha sido objeto de amenazas por llevar el caso contra el expresidente del extinto medio de comunicación elPeriódico.
“Debo hacer de conocimiento ante la población en general, que durante todo este tiempo atrás, el juez y los personeros han sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de personas desconocidas”, señaló.
El juzgador decidió que Zamora no corría riesgo de fuga, lo cual le valió una solicitud de retiro de inmunidad por parte del Ministerio Público (MP), por lo que se sumó a la lista de juzgadores que presuntamente cometieron delitos al no emitir resoluciones acorde a los intereses del ente investigador.
Fuente: lahora.gt
